La crisis en las antípodas | ELESPECTADOR.COM: "La crisis en las antípodas
Por: Joseph E. Stiglitz
LA GRAN RECESIÓN DE 2008 LLEGÓ hasta los rincones más alejados de la Tierra. Aquí, en Australia, se refieren a ella como la CFM: la crisis financiera mundial.
Kevin Rudd, que era primer ministro cuando sobrevino la crisis, aplicó uno de los planes de estímulo keynesiano mejor concebidos por país alguno del mundo. Comprendió que era importante apresurarse a actuar, con dinero que se gastaría rápidamente, pero que había riesgo de que la crisis no acabara pronto. Por eso, la primera parte del estímulo consistió en subvenciones en metálico, seguidas de inversiones, que tardarían más en ejecutarse.
El estímulo de Rudd dio resultado: Australia tuvo la más corta y más superficial de las recesiones de los países industriales avanzados, pero, irónicamente, se ha centrado la atención en que no se gastó parte del dinero de las inversiones todo lo bien que debería haberlo hecho y en el déficit fiscal que causaron la contracción y la reacción del Gobierno.
Naturalmente, debemos esforzarnos porque se gaste el dinero lo más productivamente posible, pero los seres humanos y las instituciones humanas son falibles y la tarea de velar por que se gaste el dinero bien entraña costos. Dicho en la jerga económica, la eficiencia requiere equiparar el costo marginal relacionado con la asignación (tanto obteniendo información sobre los beneficios relativos de los diferentes proyectos, como supervisando las inversiones) con los beneficios marginales. Dicho brevemente: gastar demasiado dinero para prevenir el despilfarro resulta despilfarrador.
Si bien de momento la atención está centrada en el despilfarro del sector público, éste palidece en comparación con el despilfarro de recursos resultante de un sector financiero privado que funciona mal y que en los Estados Unidos asciende ya a billones de dólares. Asimismo, el despilfarro resultante de no utilizar plenamente los recursos de la sociedad —consecuencia inevitable de no haber dispuesto de un estímulo rápido y cuantioso— supera el del sector público en un orden de magnitud.
Para un estadounidense, la preocupación australiana por el déficit y la deuda resulta en cierto modo divertida: su déficit como porcentaje del PIB es inferior a la mitad del de los EE.UU.; su deuda nacional bruta es inferior a la tercera parte de la de éstos.
El fetichismo del déficit nunca tiene sentido: la deuda nacional es sólo un aspecto del balance general de un país. Reducir inversiones muy rentables (como la educación, la infraestructura y la tecnología) simplemente para reducir el déficit es en verdad ridículo, pero en particular en el caso de un país como Australia, cuya deuda es tan reducida. De hecho, si nos preocupa, como debe preocuparnos, la deuda a largo plazo de un país, semejante fetichismo del déficit es particularmente estúpido, ya que el mayor crecimiento resultante de esas inversiones públicas producirá más ingresos fiscales.
Hay otra ironía: algunos de los mismos australianos que han criticado los déficits han criticado también propuestas de aumento de los impuestos a las minas. Australia tiene la suerte de estar dotada de una gran riqueza de recursos naturales, incluido el hierro. Dichos recursos forman parte del patrimonio del país. Pertenecen a toda la población. Sin embargo, en todos los países las compañías mineras intentan obtener esos recursos gratuitamente... o por el menor precio posible.
Naturalmente, las compañías mineras deben obtener una rentabilidad justa de sus inversiones, pero las compañías extractoras de hierro han obtenido un beneficio inesperado cuando sus precios han aumentado de manera espectacular (hasta casi duplicarse desde 2007). El aumento de los beneficios no es el resultado de su proeza minera, sino de la enorme demanda de acero por parte de China.
No hay razón para que las compañías mineras recojan esa recompensa para sí mismas. Deben compartir la bonanza de los elevados precios con los ciudadanos de Australia y un impuesto a la minería apropiadamente concebido es una forma de garantizar ese resultado.
Se debería reservar ese dinero para un fondo especial que se debería utilizar para inversiones. El país se empobrecerá inevitablemente al agotarse sus recursos naturales, a no ser que aumente el valor de su capital humano y físico.
Otra cuestión que cuenta en las antípodas es el calentamiento planetario. Aunque no era un negacionista del cambio climático, el anterior gobierno australiano, encabezado por John Howard, se sumó a la irresponsabilidad del presidente George W. Bush en relación con el cambio climático: otros tendrían que hacerse cargo de velar por la supervivencia del planeta.
Fue particularmente extraño, en vista de que Australia ha sido uno de los grandes beneficiarios del Convenio de Montreal, que prohibió los gases destructores de la capa de ozono. Los agujeros en la capa de ozono expusieron a los australianos a la radiación causante de cáncer. La comunidad internacional se unió, prohibió esas substancias y ahora se están cerrando los agujeros. No obstante, el gobierno de Howard, como el de Bush, estuvo dispuesto a exponer a todo el planeta a los riesgos del calentamiento planetario, que amenaza la propia existencia de muchos estados insulares.
Rudd prometió en su campaña invertir esa posición, pero el fracaso de las negociaciones sobre el cambio climático en Copenhague el pasado mes de diciembre, cuando el presidente Barack Obama se negó a formular en nombre de los Estados Unidos el tipo de compromiso que hacía falta, dejó al gobierno de Rudd en una posición embarazosa. El fallo del dirigente de los EE.UU. tiene consecuencias planetarias.
Los ciudadanos deben pensar en la herencia que dejarán a sus hijos, parte de la cual son las deudas financieras, pero otra parte de nuestra herencia es medioambiental. Es hipócrita afirmar que se siente preocupación por el futuro y después no velar porque el país sea compensado por el agotamiento de sus recursos o pasar por alto la degradación del medio ambiente. Peor aún es dejar a nuestros hijos sin infraestructuras adecuadas y las demás inversiones públicas necesarias para ser competitivos en el siglo XXI.
Todos los países afrontan esas cuestiones. A veces podemos verlas con mayor claridad al observar cómo las afrontan otros. La forma como voten los australianos en sus elecciones (este fin de semana) puede ser un presagio de lo que está por venir. Esperemos —por su bien y por el del mundo— que no se dejen engañar por las florituras retóricas y las manías personales y vean las cuestiones más amplias que están en juego.
* Premio Nobel de Economía 2001.
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domingo, 22 de agosto de 2010
A punto de sangre | ELESPECTADOR.COM
A punto de sangre | ELESPECTADOR.COM: "A punto de sangre
Por: Alfredo Molano Bravo
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI —escribe Robert C. West, estudioso historiador norteamericano— se explotaban las llamadas “minas de adentro, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como la Teta, Jelima, Ovejos), fueron placeres importantes del distrito de Popayán…”. Los terrenos de la Teta y Jelima fueron propiedad de una congregación religiosa hasta la abolición de la esclavitud en 1851, fecha en la que sus derechos fueron transferidos a las familias negras que habían trabajado las minas: los Carabalí, Balanta, Lucumí, Ararat.
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Estos apellidos hacen parte hasta hoy de una comunidad negra ancestral que ha explotado la mina por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, un modo de distribución equilibrada de beneficios según no sólo el trabajo invertido, sino la capacidad física individual para trabajar. La explotación de la mina se complementaba con agricultura parcelaria, hasta que en 1980 se construyó la hidroeléctrica de Salvajina, proyecto copiado por Lauchlin Currie del Tennessee Valley, cuyo objeto era regar las tierras de los ingenios del Valle y producir electricidad. Numerosas minas, casas y fincas quedaron sumergidas sin que el Estado haya indemnizado a los afectados a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. La construcción de la Salvajina desplazó pues a una parte de la comunidad negra, que se dedicó por completo a la minería en La Teta.
Sobra decir que las técnicas de explotación eran y son muy rudimentarias. Digamos que, pese a los atropellos de la CVC y luego de EPSA, en Salvajina, todo se mantenía en “orden”. Hasta cuando estalló a partir del 2002 la feria de concesiones mineras. Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, claro está, comunidades negras. Uno de los casos más aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas.
La concesión se dio con el argumento de que los negros estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció después que sí hay comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y por tanto se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no en los de exploración y aprobación de la concesión, lo que es verdaderamente aberrante. La comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y la Alcaldía de Suárez ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaran a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía ha rodeado la zona varias veces, pero la prudencia de la gente ha impedido un choque.
La situación es tensa y peligrosa. Las comunidades han jurado no ceder a sus derechos ni dejarse quitar lo que les ha permitido supervivir desde hace tres siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido las Águilas Negras acusando a los dirigentes de “estar en contra de las empresas, del desarrollo y de oponerse al Gobierno”. Lo que suceda en este litigio marcará la historia futura de los conflictos que la gran minería puede desatar con la minería tradicional. El proyecto minero del Gobierno se propone multiplicar por ocho las exportaciones de productos minero-energéticos.
*
Alfredo Molano Bravo
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Por: Alfredo Molano Bravo
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI —escribe Robert C. West, estudioso historiador norteamericano— se explotaban las llamadas “minas de adentro, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como la Teta, Jelima, Ovejos), fueron placeres importantes del distrito de Popayán…”. Los terrenos de la Teta y Jelima fueron propiedad de una congregación religiosa hasta la abolición de la esclavitud en 1851, fecha en la que sus derechos fueron transferidos a las familias negras que habían trabajado las minas: los Carabalí, Balanta, Lucumí, Ararat.
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Estos apellidos hacen parte hasta hoy de una comunidad negra ancestral que ha explotado la mina por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, un modo de distribución equilibrada de beneficios según no sólo el trabajo invertido, sino la capacidad física individual para trabajar. La explotación de la mina se complementaba con agricultura parcelaria, hasta que en 1980 se construyó la hidroeléctrica de Salvajina, proyecto copiado por Lauchlin Currie del Tennessee Valley, cuyo objeto era regar las tierras de los ingenios del Valle y producir electricidad. Numerosas minas, casas y fincas quedaron sumergidas sin que el Estado haya indemnizado a los afectados a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. La construcción de la Salvajina desplazó pues a una parte de la comunidad negra, que se dedicó por completo a la minería en La Teta.
Sobra decir que las técnicas de explotación eran y son muy rudimentarias. Digamos que, pese a los atropellos de la CVC y luego de EPSA, en Salvajina, todo se mantenía en “orden”. Hasta cuando estalló a partir del 2002 la feria de concesiones mineras. Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, claro está, comunidades negras. Uno de los casos más aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas.
La concesión se dio con el argumento de que los negros estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció después que sí hay comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y por tanto se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no en los de exploración y aprobación de la concesión, lo que es verdaderamente aberrante. La comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y la Alcaldía de Suárez ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaran a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía ha rodeado la zona varias veces, pero la prudencia de la gente ha impedido un choque.
La situación es tensa y peligrosa. Las comunidades han jurado no ceder a sus derechos ni dejarse quitar lo que les ha permitido supervivir desde hace tres siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido las Águilas Negras acusando a los dirigentes de “estar en contra de las empresas, del desarrollo y de oponerse al Gobierno”. Lo que suceda en este litigio marcará la historia futura de los conflictos que la gran minería puede desatar con la minería tradicional. El proyecto minero del Gobierno se propone multiplicar por ocho las exportaciones de productos minero-energéticos.
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Alfredo Molano Bravo
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Piratas honrados | ELESPECTADOR.COM
Piratas honrados | ELESPECTADOR.COM: "Piratas honrados
Por: Alejandro Gaviria
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN presentaron esta semana un video, elaborado por la Asociación Colombiana de Grasas y Aceites Comestibles, que denuncia la operación de un peligroso cartel dedicado a la comercialización ilegal de aceites.
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Con una truculencia que envidiaría el mismo Pirry, a través de una serie de imágenes temblorosas filmadas con una cámara oculta, el video delata todos los eslabones del negocio: la compra al por mayor, la venta a granel, la frescura del tendero, el oportunismo de la compradora, en fin, la impunidad de todo el proceso. El cartel del aceite pirata, dice el narrador con una seriedad casi infantil, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.
Casualmente esta misma semana, la Corte Constitucional avaló una ley, aprobada por el Congreso en julio del año anterior, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. La intención del legislador, avalada por la Corte, era disminuir el consumo de tabaco en los menores de edad y por lo tanto proteger su salud. La intervención en los mercados, dijo la Corte, está justificada cuando no limita otros derechos. La Corte, sobra decirlo, sólo opina sobre asuntos constitucionales. El sentido común no hace parte de sus preocupaciones.
Hay en todo lo anterior y en otros intentos similares (el Gobierno trató hace un tiempo de prohibir la llamada venta de minutos) una especie de ilusión regulatoria. ¿De qué manera van a impedir las autoridades la venta de cigarrillos sueltos? ¿Van a poner a los policías bachilleres a esculcarles los cajones a millones de vendedores ambulantes? ¿Qué va a pasar cuando los primeros encuentren una cajetilla destapada? ¿Decomisarán el cajón con todo el surtido? ¿Arrestarán al ventero? ¿O improvisarán un espectáculo público donde los culpables tendrán que pedir excusas por envenenar a nuestros niños y arriesgar nuestro futuro precisamente ahora que nos llegó la hora? Finalmente, ¿qué pasará, dios no lo quiera, si un tendero es descubierto vendiendo cigarrillos al menudeo y aceite a granel? ¿Cadena perpetua?
Estos intentos regulatorios revelan también una gran dosis de hipocresía. Cada semana políticos y empresarios cantan alabanzas al capitalismo popular. Pero cuando éste se les aparece en persona, salen despavoridos y proponen, entonces, regularlo en nombre del interés común o en favor de la sufrida industria nacional. En la mañana del viernes estuve unos minutos preguntándoles a varios vendedores ambulantes si dejarían de vender cigarrillos sueltos en caso de que una ley lo prohibiera. Todos dijeron lo mismo: “hay que darle al cliente lo que pide y si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros”. Hay leyes tan absurdas que cabe celebrar su incumplimiento.
Esta discusión cobra una relevancia adicional, habida cuenta de la campaña de formalización empresarial anunciada esta semana. La informalidad no es una aberración cultural o un capricho nacido de la ignorancia o la ambición como parece suponer el Gobierno. Todo lo contrario. La informalidad es la razón de ser, la esencia de muchos negocios. Si usted formaliza los tenderos que venden aceite o cigarrillos en cantidades menores, no los vuelve más productivos: los liquida, con consecuencias adversas para mucha gente. Ciertas formas de piratería, cabe reconocerlo, contribuyen positivamente el bienestar general.
agaviria.blogspot.com
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Por: Alejandro Gaviria
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN presentaron esta semana un video, elaborado por la Asociación Colombiana de Grasas y Aceites Comestibles, que denuncia la operación de un peligroso cartel dedicado a la comercialización ilegal de aceites.
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Con una truculencia que envidiaría el mismo Pirry, a través de una serie de imágenes temblorosas filmadas con una cámara oculta, el video delata todos los eslabones del negocio: la compra al por mayor, la venta a granel, la frescura del tendero, el oportunismo de la compradora, en fin, la impunidad de todo el proceso. El cartel del aceite pirata, dice el narrador con una seriedad casi infantil, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.
Casualmente esta misma semana, la Corte Constitucional avaló una ley, aprobada por el Congreso en julio del año anterior, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. La intención del legislador, avalada por la Corte, era disminuir el consumo de tabaco en los menores de edad y por lo tanto proteger su salud. La intervención en los mercados, dijo la Corte, está justificada cuando no limita otros derechos. La Corte, sobra decirlo, sólo opina sobre asuntos constitucionales. El sentido común no hace parte de sus preocupaciones.
Hay en todo lo anterior y en otros intentos similares (el Gobierno trató hace un tiempo de prohibir la llamada venta de minutos) una especie de ilusión regulatoria. ¿De qué manera van a impedir las autoridades la venta de cigarrillos sueltos? ¿Van a poner a los policías bachilleres a esculcarles los cajones a millones de vendedores ambulantes? ¿Qué va a pasar cuando los primeros encuentren una cajetilla destapada? ¿Decomisarán el cajón con todo el surtido? ¿Arrestarán al ventero? ¿O improvisarán un espectáculo público donde los culpables tendrán que pedir excusas por envenenar a nuestros niños y arriesgar nuestro futuro precisamente ahora que nos llegó la hora? Finalmente, ¿qué pasará, dios no lo quiera, si un tendero es descubierto vendiendo cigarrillos al menudeo y aceite a granel? ¿Cadena perpetua?
Estos intentos regulatorios revelan también una gran dosis de hipocresía. Cada semana políticos y empresarios cantan alabanzas al capitalismo popular. Pero cuando éste se les aparece en persona, salen despavoridos y proponen, entonces, regularlo en nombre del interés común o en favor de la sufrida industria nacional. En la mañana del viernes estuve unos minutos preguntándoles a varios vendedores ambulantes si dejarían de vender cigarrillos sueltos en caso de que una ley lo prohibiera. Todos dijeron lo mismo: “hay que darle al cliente lo que pide y si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros”. Hay leyes tan absurdas que cabe celebrar su incumplimiento.
Esta discusión cobra una relevancia adicional, habida cuenta de la campaña de formalización empresarial anunciada esta semana. La informalidad no es una aberración cultural o un capricho nacido de la ignorancia o la ambición como parece suponer el Gobierno. Todo lo contrario. La informalidad es la razón de ser, la esencia de muchos negocios. Si usted formaliza los tenderos que venden aceite o cigarrillos en cantidades menores, no los vuelve más productivos: los liquida, con consecuencias adversas para mucha gente. Ciertas formas de piratería, cabe reconocerlo, contribuyen positivamente el bienestar general.
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Normas para disentir - Columnas y Editoriales - Opinión - ELTIEMPO.COM
Normas para disentir - Columnas y Editoriales - Opinión - ELTIEMPO.COM: "La profundidad de cualquier sistema democrático está en proporción directa con la calidad de los espacios en los cuales se ejerce la oposición. Sin la existencia de reglas de juego claras y opciones institucionales para que quienes disienten del Gobierno puedan fiscalizarlo, los esfuerzos para organizar los partidos políticos en bancadas y modernizar su funcionamiento seguirán incompletos.
Estas no son reflexiones abstractas. Precisamente, las relaciones entre la nueva Casa de Nariño y los partidos que no hacen parte de la coalición oficialista han constituido uno de los temas que se empezaron a debatir en estas dos semanas de la administración Santos. Primero, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a los dirigentes del Polo Democrático, única colectividad que se ha distanciado abiertamente del Ejecutivo, y luego a la bancada del Partido Verde, otro ausente de las mayorías de la 'unidad nacional'. En ambos encuentros se ambientó la idea de impulsar nuevamente en el Congreso un Estatuto para la Oposición, que recogiera el diseño de mecanismos de control y vigilancia del Gobierno por parte de las minorías. El martes pasado, los senadores amarillos citaron al jefe de la cartera política a un debate sobre el mismo tema: las garantías para controvertir y expresar diferencias. 'Los funcionarios no volverán a referirse a la oposición como terroristas', afirmó Vargas, con lo que confirmó el cambio de tono y de actitud del Ejecutivo, en contraste con la estigmatización sufrida en la era Uribe.
* * * *
Sin minimizar la importancia de los gestos simbólicos del Ministro del Interior, es urgente avanzar cuanto antes en la normatividad para hacer realidad el derecho al disenso, que la Carta Política establece inequívocamente. Han sido varios los intentos que se han frustrado a lo largo de 19 años y no hay mejor momento que el actual para condensar y dotar de dientes un paquete de variadas iniciativas. Desde el uso de los medios de comunicación estatales hasta un expedito derecho de réplica, pasando por la participación en los organismos electorales y la protección física de los dirigentes -el Polo denunció el asesinato de ocho líderes en tres meses- son medidas necesarias para que las voces disidentes enriquezcan la democracia. Hoy más que nunca, las posturas minoritarias en el Legislativo demandan plataformas e instrumentos para impedir que las supermayorías de la coalición gobiernista las condenen a una peligrosa espiral de silencio y aislamiento.
La 'unidad nacional' que lidera hoy el presidente Santos está conformada por más del 85 por ciento de ambas cámaras legislativas. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para la semana entrante, es una muestra de los riesgos de contar con el apoyo parlamentario más amplio de la historia reciente. Por las reglas actuales, lo más factible es que ningún partido por fuera del bloque oficialista logre elegir al menos un magistrado. Es decir, ni en la máxima autoridad electoral ni en la Contraloría General de la República, cuya cabeza fue elegida la semana pasada en medio de protestas por el uso de papeletas de color para la votación, la oposición tendrá espacio. La paradoja está en que son precisamente las fuerzas opositoras, sin acceso a recursos públicos ni poder estatal, las que más requieren transparencia e imparcialidad en los comicios y acceso a la fiscalización gubernamental. La necesidad de una reforma electoral -que hace parte de las iniciativas parlamentarias de la administración Santos- es más que palpable.
* * * *
Otra poderosa razón para promover la discusión de esta ley estatutaria para los opositores se sale del ámbito institucional y entra lamentablemente al penal. El avance de las investigaciones que confirman la realización sistemática, por parte del DAS, de interceptaciones ilegales contra críticos del gobierno anterior ha generado una profunda desconfianza dentro de estos sectores políticos. El propósito de la Casa de Nariño de inyectar respeto y un espíritu de cordialidad a los canales de diálogo con los bloques no pertenecientes a la 'unidad nacional' encontraría en el Estatuto de la Oposición una inmejorable concreción. Para pasar la página del escándalo de las escuchas ilícitas a las definiciones judiciales hay que sumar generosos gestos, como la invitación a un diálogo sobre este tema sin imponer la autoridad de las mayorías.
Todo indica que el Gobierno y el Polo presentarán sus respectivos proyectos de ley para reglamentar el derecho al disenso. Bienvenido el debate de los instrumentos ya mencionados y de otras medidas, como las reglas de la oposición a nivel regional. La voz de los verdes, segundos en la campaña presidencial, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional. A fin de cuentas, la manifestación de las diferencias y la fiscalización deben servir para cualquier organización y no son monopolio de una porción específica del espectro ideológico.
Las supermayorías del presidente Santos tienen en sus manos la posibilidad de dejarle a la democracia colombiana un trascendental legado y un ejemplo de visión de futuro: aprobar de consuno con las minorías un paquete de vigorosos medios de expresión, garantías de control y espacios de fiscalización para el bloque opositor más reducido de la historia reciente.
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Estas no son reflexiones abstractas. Precisamente, las relaciones entre la nueva Casa de Nariño y los partidos que no hacen parte de la coalición oficialista han constituido uno de los temas que se empezaron a debatir en estas dos semanas de la administración Santos. Primero, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a los dirigentes del Polo Democrático, única colectividad que se ha distanciado abiertamente del Ejecutivo, y luego a la bancada del Partido Verde, otro ausente de las mayorías de la 'unidad nacional'. En ambos encuentros se ambientó la idea de impulsar nuevamente en el Congreso un Estatuto para la Oposición, que recogiera el diseño de mecanismos de control y vigilancia del Gobierno por parte de las minorías. El martes pasado, los senadores amarillos citaron al jefe de la cartera política a un debate sobre el mismo tema: las garantías para controvertir y expresar diferencias. 'Los funcionarios no volverán a referirse a la oposición como terroristas', afirmó Vargas, con lo que confirmó el cambio de tono y de actitud del Ejecutivo, en contraste con la estigmatización sufrida en la era Uribe.
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Sin minimizar la importancia de los gestos simbólicos del Ministro del Interior, es urgente avanzar cuanto antes en la normatividad para hacer realidad el derecho al disenso, que la Carta Política establece inequívocamente. Han sido varios los intentos que se han frustrado a lo largo de 19 años y no hay mejor momento que el actual para condensar y dotar de dientes un paquete de variadas iniciativas. Desde el uso de los medios de comunicación estatales hasta un expedito derecho de réplica, pasando por la participación en los organismos electorales y la protección física de los dirigentes -el Polo denunció el asesinato de ocho líderes en tres meses- son medidas necesarias para que las voces disidentes enriquezcan la democracia. Hoy más que nunca, las posturas minoritarias en el Legislativo demandan plataformas e instrumentos para impedir que las supermayorías de la coalición gobiernista las condenen a una peligrosa espiral de silencio y aislamiento.
La 'unidad nacional' que lidera hoy el presidente Santos está conformada por más del 85 por ciento de ambas cámaras legislativas. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para la semana entrante, es una muestra de los riesgos de contar con el apoyo parlamentario más amplio de la historia reciente. Por las reglas actuales, lo más factible es que ningún partido por fuera del bloque oficialista logre elegir al menos un magistrado. Es decir, ni en la máxima autoridad electoral ni en la Contraloría General de la República, cuya cabeza fue elegida la semana pasada en medio de protestas por el uso de papeletas de color para la votación, la oposición tendrá espacio. La paradoja está en que son precisamente las fuerzas opositoras, sin acceso a recursos públicos ni poder estatal, las que más requieren transparencia e imparcialidad en los comicios y acceso a la fiscalización gubernamental. La necesidad de una reforma electoral -que hace parte de las iniciativas parlamentarias de la administración Santos- es más que palpable.
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Otra poderosa razón para promover la discusión de esta ley estatutaria para los opositores se sale del ámbito institucional y entra lamentablemente al penal. El avance de las investigaciones que confirman la realización sistemática, por parte del DAS, de interceptaciones ilegales contra críticos del gobierno anterior ha generado una profunda desconfianza dentro de estos sectores políticos. El propósito de la Casa de Nariño de inyectar respeto y un espíritu de cordialidad a los canales de diálogo con los bloques no pertenecientes a la 'unidad nacional' encontraría en el Estatuto de la Oposición una inmejorable concreción. Para pasar la página del escándalo de las escuchas ilícitas a las definiciones judiciales hay que sumar generosos gestos, como la invitación a un diálogo sobre este tema sin imponer la autoridad de las mayorías.
Todo indica que el Gobierno y el Polo presentarán sus respectivos proyectos de ley para reglamentar el derecho al disenso. Bienvenido el debate de los instrumentos ya mencionados y de otras medidas, como las reglas de la oposición a nivel regional. La voz de los verdes, segundos en la campaña presidencial, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional. A fin de cuentas, la manifestación de las diferencias y la fiscalización deben servir para cualquier organización y no son monopolio de una porción específica del espectro ideológico.
Las supermayorías del presidente Santos tienen en sus manos la posibilidad de dejarle a la democracia colombiana un trascendental legado y un ejemplo de visión de futuro: aprobar de consuno con las minorías un paquete de vigorosos medios de expresión, garantías de control y espacios de fiscalización para el bloque opositor más reducido de la historia reciente.
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Metas ambiciosas, medidas modestas | ELESPECTADOR.COM
Metas ambiciosas, medidas modestas | ELESPECTADOR.COM: "Metas ambiciosas, medidas modestas
A PESAR DE QUE EL PAÍS TUVO UNA fase de expansión económica importante durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo se mantuvo y la informalidad continuó en ascenso.
Hoy, el número de trabajadores informales bordea los 12 millones y el de desempleados los 2,5 millones. Cerca del 12 por ciento de la población en edad de trabajar no encuentra empleo y el 50 por ciento lo hace sin las garantías del salario mínimo, es decir, sin ahorrar para la vejez y sin aportar a la salud. Además, cerca del 60 por ciento de las empresas se encuentran en la informalidad, lo que significa que 1,4 millones de pequeños negocios no contribuyen al recaudo. Cifras que, además de evidenciar una difícil situación individual, reflejan la existencia de una verdadera trampa de pobreza.
Al no acceder a los servicios financieros y empresariales, el empleo que generan los pequeños negocios es siete veces menos productivo que el empleo formal. Estos negocios, en consecuencia, sobreviven sólo en la medida en que evaden sus obligaciones tributarias y salariales. Como resultado, el recaudo del Estado se reduce y con ello su capacidad de generar motores de crecimiento, entre otras, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para subsidiar los sistemas de pensiones y de salud. De aquí, entonces, que los recursos del Estado se desvíen en gasto que no contribuye de manera efectiva al crecimiento, sin el cual ni hay trabajo ni formalización posibles.
Las cinco locomotoras del gobierno de Santos —infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería— van en esta dirección. Con ellas se busca generar en el siguiente cuatrienio 2,5 millones de nuevos empleos; esto es, 625 empleos por año, casi el doble de los que se crearon durante la fase de expansión económica 2003-2007. Aunque el ministro de Hacienda no ha explicado todavía bien cómo financiará el plan de Gobierno, el de Protección Social presentó esta semana el proyecto de ley con el que contribuirá en el esfuerzo. Su objetivo: incentivar la formalización de los nuevos empleos y traer a la legalidad 500 mil más.
A muy grandes rasgos, las medidas consisten, de un lado, en disminuir las cargas económicas de las empresas con menos de 50 empleados y, del otro, en generar estímulos que fomenten la creación del primer empleo. Pese a su coherencia, la propuesta luce modesta. Reducir parcialmente parafiscales, impuesto de renta y registro mercantil por cuatro años no hace que las empresas de menos de 10 empleados —que son la gran mayoría de las informales— puedan sobrevivir en el mercado. Incluso si lo lograran, sólo el 20% de los empleados informales están en ellas. El resto, los famosos “cuenta propia”, no se contemplan en el proyecto. Los jóvenes, a su vez, tampoco es que mejoren mucho sus perspectivas. Las ganancias que obtendría una empresa por deducir los parafiscales de sus nuevos empleados menores de 25 años desaparecerían con cualquier incremento menor en el salario mínimo.
Formalizar el empleo es difícil, y crearlo aún más. De ahí que las medidas anunciadas resulten algo tímidas. La magnitud del problema es tal que se requieren estrategias más agresivas y focalizadas, sin mencionar metas más razonables que permitan optimizar los esfuerzos. Duplicar los empleos creados en 2003-2007 es bastante optimista, en especial, cuando no se habla de un abaratamiento claro de la mano de obra que incluya, por ejemplo, la completa eliminación de los parafiscales. Aunque en el proyecto haya esfuerzos importantes para fomentar el capital humano sobre el físico y para promover la incorporación de aprendices, éstos son menos ambiciosos que las metas que con razón se persiguen. Habría que confiar, entonces, en que sean las famosas locomotoras las que alcancen.
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A PESAR DE QUE EL PAÍS TUVO UNA fase de expansión económica importante durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo se mantuvo y la informalidad continuó en ascenso.
Hoy, el número de trabajadores informales bordea los 12 millones y el de desempleados los 2,5 millones. Cerca del 12 por ciento de la población en edad de trabajar no encuentra empleo y el 50 por ciento lo hace sin las garantías del salario mínimo, es decir, sin ahorrar para la vejez y sin aportar a la salud. Además, cerca del 60 por ciento de las empresas se encuentran en la informalidad, lo que significa que 1,4 millones de pequeños negocios no contribuyen al recaudo. Cifras que, además de evidenciar una difícil situación individual, reflejan la existencia de una verdadera trampa de pobreza.
Al no acceder a los servicios financieros y empresariales, el empleo que generan los pequeños negocios es siete veces menos productivo que el empleo formal. Estos negocios, en consecuencia, sobreviven sólo en la medida en que evaden sus obligaciones tributarias y salariales. Como resultado, el recaudo del Estado se reduce y con ello su capacidad de generar motores de crecimiento, entre otras, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para subsidiar los sistemas de pensiones y de salud. De aquí, entonces, que los recursos del Estado se desvíen en gasto que no contribuye de manera efectiva al crecimiento, sin el cual ni hay trabajo ni formalización posibles.
Las cinco locomotoras del gobierno de Santos —infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería— van en esta dirección. Con ellas se busca generar en el siguiente cuatrienio 2,5 millones de nuevos empleos; esto es, 625 empleos por año, casi el doble de los que se crearon durante la fase de expansión económica 2003-2007. Aunque el ministro de Hacienda no ha explicado todavía bien cómo financiará el plan de Gobierno, el de Protección Social presentó esta semana el proyecto de ley con el que contribuirá en el esfuerzo. Su objetivo: incentivar la formalización de los nuevos empleos y traer a la legalidad 500 mil más.
A muy grandes rasgos, las medidas consisten, de un lado, en disminuir las cargas económicas de las empresas con menos de 50 empleados y, del otro, en generar estímulos que fomenten la creación del primer empleo. Pese a su coherencia, la propuesta luce modesta. Reducir parcialmente parafiscales, impuesto de renta y registro mercantil por cuatro años no hace que las empresas de menos de 10 empleados —que son la gran mayoría de las informales— puedan sobrevivir en el mercado. Incluso si lo lograran, sólo el 20% de los empleados informales están en ellas. El resto, los famosos “cuenta propia”, no se contemplan en el proyecto. Los jóvenes, a su vez, tampoco es que mejoren mucho sus perspectivas. Las ganancias que obtendría una empresa por deducir los parafiscales de sus nuevos empleados menores de 25 años desaparecerían con cualquier incremento menor en el salario mínimo.
Formalizar el empleo es difícil, y crearlo aún más. De ahí que las medidas anunciadas resulten algo tímidas. La magnitud del problema es tal que se requieren estrategias más agresivas y focalizadas, sin mencionar metas más razonables que permitan optimizar los esfuerzos. Duplicar los empleos creados en 2003-2007 es bastante optimista, en especial, cuando no se habla de un abaratamiento claro de la mano de obra que incluya, por ejemplo, la completa eliminación de los parafiscales. Aunque en el proyecto haya esfuerzos importantes para fomentar el capital humano sobre el físico y para promover la incorporación de aprendices, éstos son menos ambiciosos que las metas que con razón se persiguen. Habría que confiar, entonces, en que sean las famosas locomotoras las que alcancen.
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lunes, 16 de agosto de 2010
Un nuevo amanecer | ELESPECTADOR.COM
Un nuevo amanecer | ELESPECTADOR.COM: "Un nuevo amanecer
Por: Lorenzo Madrigal
HACÍA MUCHO QUE EN BOGOTÁ NO ponían bombas. Recuerdo la de la 93 y en Medellín la del Parque Lleras y otras cuantas. El amanecer del pasado jueves tuvo un despertador algo ominoso para los habitantes de la calle 67, al norte y alrededores.
No es, por supuesto, atribuible al nuevo gobierno este despertar ruidoso en medio de la continuidad silenciosa en la que nos habíamos embarcado, con la presidencia de Juan Manuel Santos. Pero algo tuvieron que ver la visita del señor Chávez y el encuentro de San Pedro Alejandrino, así como los augurios de una paz formal en la región, amenazada por el dictador tropical de Venezuela.
A alguien no le gustó que se cambiara por diplomacia el desafío abierto del presidente Uribe al dictador Chávez, especialmente el desafío de última hora, tras una larga paciencia, que había tenido frente a sus provocaciones. El odio al coronel venezolano es proverbial en Colombia y está medido con estadísticas. De ahí que el acercamiento propiciado por Santos, en aras de una paz diplomática (con todo y lo melíflua que ha sido siempre la diplomacia) pudo molestar a hirsutos rambos de la preguerra.
Es esta la hipótesis que acojo, en la que acaso rompo el esquema de “los mismos de siempre”, como autores de la fechoría. Santos, al menos en estos primeros días, ha parecido un candidato de oposición triunfante y corrector del gobierno que le precede. El uribismo está en ascuas o debiera estarlo, si es que no se ha dado cuenta de las diferencias de estilo y de forma que exhibe el nuevo gobierno. Y no es que el uribismo ponga bombas, pero de pronto sí el para-uribismo.
Personalmente no asumo, y me pellizco, para entender que Juan Manuel Santos es ahora mismo el presidente de Colombia. Aún tengo viva la imagen del joven barbirrubio que desplegaba su pitillera dorada para ofrecernos cigarrillo, en la biblioteca de Betancur, durante una reunión de periodistas de distintos sectores.
Pero es cierto que llegó al poder y ya lo vemos luciendo la sedosa banda presidencial, entre ditirambos de sus publicaciones amigas. La revista Semana, por ejemplo, le adjudica reelección inmediata para tener, sumados a los de Uribe, “Dieciséis años de buen gobierno” ( casualmente el nombre de su centro de estudios políticos).
La elegancia y el buen gusto, se dice en las notas sociales, imperarán ahora por los lados de la Casa de Nariño, que bien debería regresar a su antiguo y más clásico nombre de Palacio de la Carrera.
Que el nuevo amanecer del día 12 no se repita, que los heridos sanen, que Darío Arizmendi siga dando pruebas de su firmeza periodística, capaz de cubrir, sin tremores de voz, su propia muerte, como la banda musical del Titanic. Y que el buen gobierno de Santos no sea tan bueno que nos dure ocho años, porque eso cansa.
*
Lorenzo Madrigal
Por: Lorenzo Madrigal
HACÍA MUCHO QUE EN BOGOTÁ NO ponían bombas. Recuerdo la de la 93 y en Medellín la del Parque Lleras y otras cuantas. El amanecer del pasado jueves tuvo un despertador algo ominoso para los habitantes de la calle 67, al norte y alrededores.
No es, por supuesto, atribuible al nuevo gobierno este despertar ruidoso en medio de la continuidad silenciosa en la que nos habíamos embarcado, con la presidencia de Juan Manuel Santos. Pero algo tuvieron que ver la visita del señor Chávez y el encuentro de San Pedro Alejandrino, así como los augurios de una paz formal en la región, amenazada por el dictador tropical de Venezuela.
A alguien no le gustó que se cambiara por diplomacia el desafío abierto del presidente Uribe al dictador Chávez, especialmente el desafío de última hora, tras una larga paciencia, que había tenido frente a sus provocaciones. El odio al coronel venezolano es proverbial en Colombia y está medido con estadísticas. De ahí que el acercamiento propiciado por Santos, en aras de una paz diplomática (con todo y lo melíflua que ha sido siempre la diplomacia) pudo molestar a hirsutos rambos de la preguerra.
Es esta la hipótesis que acojo, en la que acaso rompo el esquema de “los mismos de siempre”, como autores de la fechoría. Santos, al menos en estos primeros días, ha parecido un candidato de oposición triunfante y corrector del gobierno que le precede. El uribismo está en ascuas o debiera estarlo, si es que no se ha dado cuenta de las diferencias de estilo y de forma que exhibe el nuevo gobierno. Y no es que el uribismo ponga bombas, pero de pronto sí el para-uribismo.
Personalmente no asumo, y me pellizco, para entender que Juan Manuel Santos es ahora mismo el presidente de Colombia. Aún tengo viva la imagen del joven barbirrubio que desplegaba su pitillera dorada para ofrecernos cigarrillo, en la biblioteca de Betancur, durante una reunión de periodistas de distintos sectores.
Pero es cierto que llegó al poder y ya lo vemos luciendo la sedosa banda presidencial, entre ditirambos de sus publicaciones amigas. La revista Semana, por ejemplo, le adjudica reelección inmediata para tener, sumados a los de Uribe, “Dieciséis años de buen gobierno” ( casualmente el nombre de su centro de estudios políticos).
La elegancia y el buen gusto, se dice en las notas sociales, imperarán ahora por los lados de la Casa de Nariño, que bien debería regresar a su antiguo y más clásico nombre de Palacio de la Carrera.
Que el nuevo amanecer del día 12 no se repita, que los heridos sanen, que Darío Arizmendi siga dando pruebas de su firmeza periodística, capaz de cubrir, sin tremores de voz, su propia muerte, como la banda musical del Titanic. Y que el buen gobierno de Santos no sea tan bueno que nos dure ocho años, porque eso cansa.
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Lorenzo Madrigal
Compromiso con la ética pública | ELESPECTADOR.COM
Compromiso con la ética pública | ELESPECTADOR.COM: "Compromiso con la ética pública
Por: Armando Montenegro
UNA DE LAS NOTICIAS MEJOR RECIbidas por la opinión pública, que se originó en la reunión que sostuvo el presidente electo con su equipo de gobierno en Anapoima, fue su compromiso explícito con la ética pública. Los anuncios fueron de alto calado.
El presidente electo señaló que los funcionarios públicos evitarían toda situación en la que sus intereses directos o indirectos entraran en conflicto con el interés general; se comprometió a que ellos no usarían información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros; indicó que no se toleraría el tráfico de influencias; concluyó que no aceptarán regalos ni donaciones que generen conflictos de interés.
Si alguien hubiera quedado con alguna duda sobre la determinación del nuevo gobierno, ésta se disipó cuando, en forma inmediata, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que todos los puntos de la declaración que firmaron los asistentes a la reunión de Anapoima formarían parte de un proyecto de ley que sería llevado al Congreso, con el propósito de convertirse en un estatuto integral sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción.
Esta decisión, sin duda, responde a la preocupación de la ciudadanía, manifestada en las distintas encuestas de opinión, por el enorme aumento de la corrupción en los últimos años.
Un estatuto de esta naturaleza, además, llenaría un inmenso vacío en Colombia. En otros países, entre tantas cosas, la ley establece con precisión el tipo de regalos e invitaciones que pueden y no pueden recibir los funcionarios del Estado; se establece la obligación de darles publicidad a las reuniones y contactos con lobbistas y grupos interesados en favores del Estado; se imponen límites expresos al paso indiscriminado de líderes de negocios privados a cargos públicos donde se toman decisiones sobre la regulación, vigilancia y apoyo a esos mismos negocios.
Un corolario de estas manifestaciones del nuevo gobierno es la necesidad de establecer en Colombia un estatuto del lobby, una actividad legítima que, sin embargo, debe estar enmarcada dentro de reglas que limiten su campo de acción y que fijen sus restricciones e incompatibilidades. En las normas de otros países se puede encontrar una serie de buenas prácticas que podría aplicarse con provecho en Colombia.
Un estatuto general sobre ética y moral pública también debería cobijar las actividades del Congreso de la República, un organismo en cuyas comisiones, oficinas y pasillos convergen muchos de los personajes del sector privado que buscan favores y beneficios de origen legal. Infortunadamente, la tradición oral registra que no es raro que se realicen extrañas y complejas transacciones entre individuos que se lucran con las leyes y algunos congresistas que atienden dichos intereses.
Cuando se aborde este tema, será imposible evitar la regulación de algunos asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas electorales, así como con variados aspectos de la contratación y regulación de las actividades de los capitanes de las obras públicas, los mismos que originaron sonados escándalos en los últimos años.
Existe justificada expectativa sobre el texto que llevará el Ministro del Interior al Congreso y las discusiones que éste suscitará entre los partidos políticos, la academia, las ONG interesadas en la corrupción y el país en general.
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Armando Montenegro
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Por: Armando Montenegro
UNA DE LAS NOTICIAS MEJOR RECIbidas por la opinión pública, que se originó en la reunión que sostuvo el presidente electo con su equipo de gobierno en Anapoima, fue su compromiso explícito con la ética pública. Los anuncios fueron de alto calado.
El presidente electo señaló que los funcionarios públicos evitarían toda situación en la que sus intereses directos o indirectos entraran en conflicto con el interés general; se comprometió a que ellos no usarían información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros; indicó que no se toleraría el tráfico de influencias; concluyó que no aceptarán regalos ni donaciones que generen conflictos de interés.
Si alguien hubiera quedado con alguna duda sobre la determinación del nuevo gobierno, ésta se disipó cuando, en forma inmediata, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que todos los puntos de la declaración que firmaron los asistentes a la reunión de Anapoima formarían parte de un proyecto de ley que sería llevado al Congreso, con el propósito de convertirse en un estatuto integral sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción.
Esta decisión, sin duda, responde a la preocupación de la ciudadanía, manifestada en las distintas encuestas de opinión, por el enorme aumento de la corrupción en los últimos años.
Un estatuto de esta naturaleza, además, llenaría un inmenso vacío en Colombia. En otros países, entre tantas cosas, la ley establece con precisión el tipo de regalos e invitaciones que pueden y no pueden recibir los funcionarios del Estado; se establece la obligación de darles publicidad a las reuniones y contactos con lobbistas y grupos interesados en favores del Estado; se imponen límites expresos al paso indiscriminado de líderes de negocios privados a cargos públicos donde se toman decisiones sobre la regulación, vigilancia y apoyo a esos mismos negocios.
Un corolario de estas manifestaciones del nuevo gobierno es la necesidad de establecer en Colombia un estatuto del lobby, una actividad legítima que, sin embargo, debe estar enmarcada dentro de reglas que limiten su campo de acción y que fijen sus restricciones e incompatibilidades. En las normas de otros países se puede encontrar una serie de buenas prácticas que podría aplicarse con provecho en Colombia.
Un estatuto general sobre ética y moral pública también debería cobijar las actividades del Congreso de la República, un organismo en cuyas comisiones, oficinas y pasillos convergen muchos de los personajes del sector privado que buscan favores y beneficios de origen legal. Infortunadamente, la tradición oral registra que no es raro que se realicen extrañas y complejas transacciones entre individuos que se lucran con las leyes y algunos congresistas que atienden dichos intereses.
Cuando se aborde este tema, será imposible evitar la regulación de algunos asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas electorales, así como con variados aspectos de la contratación y regulación de las actividades de los capitanes de las obras públicas, los mismos que originaron sonados escándalos en los últimos años.
Existe justificada expectativa sobre el texto que llevará el Ministro del Interior al Congreso y las discusiones que éste suscitará entre los partidos políticos, la academia, las ONG interesadas en la corrupción y el país en general.
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Armando Montenegro
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Primera cuota | ELESPECTADOR.COM
Primera cuota | ELESPECTADOR.COM: "Primera cuota
Por: Alfredo Molano Bravo
MURIÓ EN BOGOTÁ APOLINAR DÍAZ Callejas a los 89 años.
Fue gobernador del departamento de Sucre, senador y, sobre todo, un peleador empedernido por la reforma de la estructura agraria. Sabía de peleas. Fuera de sus cargos públicos fue uno de los dirigentes más aguerridos de la llamada Comuna de Barrancabermeja de 1948, un levantamiento popular contra el gobierno de Ospina Pérez y contra la Tropical Oil Company a raíz del asesinato de Gaitán. El pueblo se arrevolveró, destituyó al alcalde y nombró a Rafael Rangel, dirigente liberal. Levantó barricadas, construyó cañones a la espera de la reacción del Ejército, que logró entrar 10 días después. Rangel escapó de la represión violenta y organizó una partida guerrillera en San Vicente que hizo nombre en el Carare-Opón. En la misma zona y con más de un guerrillero de Rangel —como el papá de Nicolás Bautista, su comandante máximo— nació el Eln en los 60. Pero ante todo, el país lo recordará por haber sido el segundo hombre en la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Apolinar no se contentaba con meros distritos de riego o meros proyectos de colonización. La verdadera reforma debía consistir en afectar el régimen latifundista e impedir que, democratizada la propiedad, abiertas vías, construidos escuelas y puestos de salud, y creadas líneas de crédito barato, los terratenientes volvieran a concentrar la tierra. La derecha obligó al Incora a invertir su presupuesto en programas que dejaran intacta la gran propiedad y se atravesó como una vaca muerta para impedir todo cambio. Razón por la cual Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo. Con la ANUC la función social de la propiedad (Ley 200 del 36) se convirtió en: la tierra es para el que la trabaja. La letra de la ley es una cosa en el Diario Oficial, y otra muy distinta en las manos callosas del campesino. Eso sí no era admisible. Dividieron la ANUC, la liquidaron y algunos dirigentes pararon en las guerrillas. Apolinar, como senador, trató de impedir la muerte de la reforma agraria, pero Lleras había sido derrotado ya por el clientelismo más cerrero.
Hoy los distritos de riego —obras de verdad faraónicas— son haciendas, grandes haciendas. En los proyectos del Guájaro, La Doctrina, Coello, Ábrego, Saldaña y Ciénaga de Oro no hay un solo beneficiario original. Los han derrotado. Lo mismo pasa con las colonizaciones dirigidas del Ariari y de Sarare. Hoy las propiedades pertenecen a grandes empresarios o a compañías agropecuarias. Para impedir esos procesos de reacumulación de tierras fue creada por la Ley 160 de 1994 la figura de Zonas de Reserva Campesina, sepultada por Uribe. En concreto, se trata de zonas donde los propietarios sólo pueden poseer una parcela que permita sobrevivir en condiciones dignas. Se impediría así que alguien compre dos, tres, 10 predios y agregándolos haga una hacienda. En realidad es esto lo que ha hecho el paramilitarismo: sacar campesinos para hacer latifundios. Muchos han sido adquiridos por acción de las motosierras o por compra a los motosierristas; otros, por compras testaferradas, y algunas pocas de manera honrada.
El gobierno de Santos ha prometido devolver a los campesinos un millón de hectáreas confiscadas a los ‘narcos’. Bien, diría Apolinar, como cuota inicial, vale. Pero hay cuatro millones más de hectáreas por ahí volando de notaría en notaría, pero que pertenecieron a campesinos desplazados. Quizá pueda Juan Camilo —un político que entiende, por fin, la conveniencia que para la paz y para la prosperidad tiene la economía campesina— devolver sus tierras a los campesinos y, además, tomar medidas sólidas para que lo que se devuelva ahora no regrese a las manos de los de siempre en la próxima década. Si la llave del candado de la paz no se ha botado, como dijo Santos, es posible que la primera cuota de tierras devueltas y aseguradas para la prosperidad campesina, por medio de las Zonas de Reserva Campesina, sea la primera vuelta al cerrojo. “Aquí está Rodas, salta aquí”. O sea: “Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada”.
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Alfredo Molano Bravo
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Por: Alfredo Molano Bravo
MURIÓ EN BOGOTÁ APOLINAR DÍAZ Callejas a los 89 años.
Fue gobernador del departamento de Sucre, senador y, sobre todo, un peleador empedernido por la reforma de la estructura agraria. Sabía de peleas. Fuera de sus cargos públicos fue uno de los dirigentes más aguerridos de la llamada Comuna de Barrancabermeja de 1948, un levantamiento popular contra el gobierno de Ospina Pérez y contra la Tropical Oil Company a raíz del asesinato de Gaitán. El pueblo se arrevolveró, destituyó al alcalde y nombró a Rafael Rangel, dirigente liberal. Levantó barricadas, construyó cañones a la espera de la reacción del Ejército, que logró entrar 10 días después. Rangel escapó de la represión violenta y organizó una partida guerrillera en San Vicente que hizo nombre en el Carare-Opón. En la misma zona y con más de un guerrillero de Rangel —como el papá de Nicolás Bautista, su comandante máximo— nació el Eln en los 60. Pero ante todo, el país lo recordará por haber sido el segundo hombre en la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Apolinar no se contentaba con meros distritos de riego o meros proyectos de colonización. La verdadera reforma debía consistir en afectar el régimen latifundista e impedir que, democratizada la propiedad, abiertas vías, construidos escuelas y puestos de salud, y creadas líneas de crédito barato, los terratenientes volvieran a concentrar la tierra. La derecha obligó al Incora a invertir su presupuesto en programas que dejaran intacta la gran propiedad y se atravesó como una vaca muerta para impedir todo cambio. Razón por la cual Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo. Con la ANUC la función social de la propiedad (Ley 200 del 36) se convirtió en: la tierra es para el que la trabaja. La letra de la ley es una cosa en el Diario Oficial, y otra muy distinta en las manos callosas del campesino. Eso sí no era admisible. Dividieron la ANUC, la liquidaron y algunos dirigentes pararon en las guerrillas. Apolinar, como senador, trató de impedir la muerte de la reforma agraria, pero Lleras había sido derrotado ya por el clientelismo más cerrero.
Hoy los distritos de riego —obras de verdad faraónicas— son haciendas, grandes haciendas. En los proyectos del Guájaro, La Doctrina, Coello, Ábrego, Saldaña y Ciénaga de Oro no hay un solo beneficiario original. Los han derrotado. Lo mismo pasa con las colonizaciones dirigidas del Ariari y de Sarare. Hoy las propiedades pertenecen a grandes empresarios o a compañías agropecuarias. Para impedir esos procesos de reacumulación de tierras fue creada por la Ley 160 de 1994 la figura de Zonas de Reserva Campesina, sepultada por Uribe. En concreto, se trata de zonas donde los propietarios sólo pueden poseer una parcela que permita sobrevivir en condiciones dignas. Se impediría así que alguien compre dos, tres, 10 predios y agregándolos haga una hacienda. En realidad es esto lo que ha hecho el paramilitarismo: sacar campesinos para hacer latifundios. Muchos han sido adquiridos por acción de las motosierras o por compra a los motosierristas; otros, por compras testaferradas, y algunas pocas de manera honrada.
El gobierno de Santos ha prometido devolver a los campesinos un millón de hectáreas confiscadas a los ‘narcos’. Bien, diría Apolinar, como cuota inicial, vale. Pero hay cuatro millones más de hectáreas por ahí volando de notaría en notaría, pero que pertenecieron a campesinos desplazados. Quizá pueda Juan Camilo —un político que entiende, por fin, la conveniencia que para la paz y para la prosperidad tiene la economía campesina— devolver sus tierras a los campesinos y, además, tomar medidas sólidas para que lo que se devuelva ahora no regrese a las manos de los de siempre en la próxima década. Si la llave del candado de la paz no se ha botado, como dijo Santos, es posible que la primera cuota de tierras devueltas y aseguradas para la prosperidad campesina, por medio de las Zonas de Reserva Campesina, sea la primera vuelta al cerrojo. “Aquí está Rodas, salta aquí”. O sea: “Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada”.
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Alfredo Molano Bravo
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Réspice Brasilia | ELESPECTADOR.COM
Réspice Brasilia | ELESPECTADOR.COM: "Réspice Brasilia
Por: Santiago Montenegro
CON EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL Santos está cambiando también la política exterior.
El cambio más notorio y el que ha estado en los titulares de los periódicos y los noticieros ha sido el encuentro con Chávez en San Pedro Alejandrino y el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Todos esperamos que eso salga bien, pero la relación con Venezuela no es la transformación más importante de la política exterior del nuevo gobierno. Por lo mostrado en una semana y por las señales que envió el candidato electo en sus giras por Europa y Latinoamérica, es perceptible un cambio de gran profundidad en la política exterior de Colombia. Puesto en pocas palabras, finalmente Colombia parece aceptar que Brasil es, junto a los Estados Unidos, la otra gran potencia del continente y además, un país con aspiraciones a convertirse en potencia mundial. Es increíble que a tantos gobiernos de Colombia les haya tomado tanto tiempo convencerse de dicha realidad. La ignorancia que se ha tenido de la historia, de las instituciones y de la economía de Brasil en nuestra Cancillería, en los ministerios y por parte de los altos funcionarios, es legendaria. Y, con muy pocas excepciones, la calidad de nuestros embajadores en Brasilia ha dejado mucho que desear. Así, la anunciada visita del presidente Santos a Brasilia, programada para el primero de septiembre, es práctica y simbólicamente muy importante.
En sus excelentes memorias, Fernando Henrique Cardoso escribió que todos los países tienen una gran sueño y un gran miedo. El gran sueño de Brasil ha sido llegar a ser potencia mundial y su gran temor, no poder lograrlo. Y durante más de sesenta años, el gran temor de Brasil ha sido no poder refutar a Stefan Zweig cuando afirmó que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”.
Alentado por su gran tamaño, por su población y por sus inmensos recursos, desde hace ya tiempo Brasil está estimulando la creación de nuevas instituciones internacionales, como Unasur, con el fin de ejercer contrapeso a los Estados Unidos y también a México, el otro país latino que podría disputar en alguna medida las aspiraciones de Brasil en el continente. Así, aceptando su condición de país mediano, Colombia podría jugar un papel relevante entre las aspiraciones de las dos potencias del continente, los Estados Unidos y Brasil. Podríamos jugar un papel semejante al que tiene Egipto entre los países árabes y los estados en Oriente Medio o al que juega Chile entre las aspiraciones de la Argentina y de Brasil, de quienes recibe especiales consideraciones provenientes del hecho de que en sus visiones de largo plazo esos países no descartan una guerra entre ellos. Además, aprendiendo del mismo Chile y del Perú, Colombia debería abrirse a todos los países del mundo, en especial a los de Oriente y a los de la cuenca del Pacífico. De ninguna manera, el replanteamiento de nuestras relaciones con Brasil deberá significar un alejamiento de los Estados Unidos.
Con este país hemos mantenido excelentes relaciones desde los años veinte del siglo pasado y tenemos que mantenerlas. Pero, después de un siglo, es ya tiempo de reemplazar el réspice polum de Marco Fidel Suárez: “mirar hacia la estrella del norte, hacia los Estados Unidos”, por un réspice similia, mirar a los semejantes. Pero, en la realidad práctica de la política internacional, sería una combinación de la vieja réspice polum y una nueva réspice Brasilia, que no nos deberá impedir mantener buenas relaciones con todos los países del continente.
*
Santiago Montenegro
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Por: Santiago Montenegro
CON EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL Santos está cambiando también la política exterior.
El cambio más notorio y el que ha estado en los titulares de los periódicos y los noticieros ha sido el encuentro con Chávez en San Pedro Alejandrino y el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Todos esperamos que eso salga bien, pero la relación con Venezuela no es la transformación más importante de la política exterior del nuevo gobierno. Por lo mostrado en una semana y por las señales que envió el candidato electo en sus giras por Europa y Latinoamérica, es perceptible un cambio de gran profundidad en la política exterior de Colombia. Puesto en pocas palabras, finalmente Colombia parece aceptar que Brasil es, junto a los Estados Unidos, la otra gran potencia del continente y además, un país con aspiraciones a convertirse en potencia mundial. Es increíble que a tantos gobiernos de Colombia les haya tomado tanto tiempo convencerse de dicha realidad. La ignorancia que se ha tenido de la historia, de las instituciones y de la economía de Brasil en nuestra Cancillería, en los ministerios y por parte de los altos funcionarios, es legendaria. Y, con muy pocas excepciones, la calidad de nuestros embajadores en Brasilia ha dejado mucho que desear. Así, la anunciada visita del presidente Santos a Brasilia, programada para el primero de septiembre, es práctica y simbólicamente muy importante.
En sus excelentes memorias, Fernando Henrique Cardoso escribió que todos los países tienen una gran sueño y un gran miedo. El gran sueño de Brasil ha sido llegar a ser potencia mundial y su gran temor, no poder lograrlo. Y durante más de sesenta años, el gran temor de Brasil ha sido no poder refutar a Stefan Zweig cuando afirmó que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”.
Alentado por su gran tamaño, por su población y por sus inmensos recursos, desde hace ya tiempo Brasil está estimulando la creación de nuevas instituciones internacionales, como Unasur, con el fin de ejercer contrapeso a los Estados Unidos y también a México, el otro país latino que podría disputar en alguna medida las aspiraciones de Brasil en el continente. Así, aceptando su condición de país mediano, Colombia podría jugar un papel relevante entre las aspiraciones de las dos potencias del continente, los Estados Unidos y Brasil. Podríamos jugar un papel semejante al que tiene Egipto entre los países árabes y los estados en Oriente Medio o al que juega Chile entre las aspiraciones de la Argentina y de Brasil, de quienes recibe especiales consideraciones provenientes del hecho de que en sus visiones de largo plazo esos países no descartan una guerra entre ellos. Además, aprendiendo del mismo Chile y del Perú, Colombia debería abrirse a todos los países del mundo, en especial a los de Oriente y a los de la cuenca del Pacífico. De ninguna manera, el replanteamiento de nuestras relaciones con Brasil deberá significar un alejamiento de los Estados Unidos.
Con este país hemos mantenido excelentes relaciones desde los años veinte del siglo pasado y tenemos que mantenerlas. Pero, después de un siglo, es ya tiempo de reemplazar el réspice polum de Marco Fidel Suárez: “mirar hacia la estrella del norte, hacia los Estados Unidos”, por un réspice similia, mirar a los semejantes. Pero, en la realidad práctica de la política internacional, sería una combinación de la vieja réspice polum y una nueva réspice Brasilia, que no nos deberá impedir mantener buenas relaciones con todos los países del continente.
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Santiago Montenegro
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La prosperidad: ¿qué tan democrática? | ELESPECTADOR.COM
La prosperidad: ¿qué tan democrática? | ELESPECTADOR.COM: "La prosperidad: ¿qué tan democrática?
Por: Salomón Kalmanovitz
ES EVIDENTE QUE EL CRECIMIENTO de la economía colombiana se ha recuperado.
Buena parte del impulso viene de la política monetaria de muy bajas tasas de interés, que ha propiciado un aumento de las ventas a crédito. Al mismo tiempo, la baja inflación y la revaluación del peso han aumentado el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos.
Otro factor fundamental en la reactivación es la demanda de Asia sobre las materias primas que producimos, lo cual incide en el aumento de la inversión extranjera en minería. Es desafortunado, sin embargo, que la actividad minera genera poco empleo, depreda el medio ambiente y conduce a caídas de la rentabilidad en el resto de la economía. Este sector ha recibido enormes beneficios en el pasado, que no se compadecen con el equilibrio fiscal.
En efecto, la deducción del 30% por la adquisición de maquinaria beneficia en especial la minería y los regalos tributarios constituyen el 40% del déficit fiscal del gobierno central.
Según las cuentas nacionales del DANE, los sectores que más crecen en el primer trimestre de 2010 son construcción (16%) y minería (13%), con la agricultura (una de las cinco locomotoras del crecimiento) contrayéndose otro 1,3%. El desempleo durante el mismo trimestre alcanzó ¡13%!, mientras que la informalidad cobija al 56% de la población. Lo evidente es que las políticas públicas son en buena parte responsables de que el crecimiento económico se profundice sin remediar los altos índices de desempleo e informalidad.
Aunque el Ministro de Hacienda dijo que va a examinar las exenciones tributaria irracionales que subsisten, lo que va a hacer por el momento es aumentar el déficit del gobierno central en otros $2 billones, completando el 4,9% del PIB. Intenta así contrarrestar el draconiano ajuste que le impuso el gobierno saliente.
También es preocupante que el gobierno se amarre las manos en el tema de los parafiscales y de las otras cargas a la nómina que fomentan la informalidad y el desempleo. Se sugiere que, para complacer a los sindicatos derechistas que son parte de su proclamada unidad nacional, el gobierno contemple retirar de su agenda reformas profundas al régimen laboral y al de salud.
Una reforma tributaria es necesaria si se quiere cumplir el lema de gobierno de “prosperidad democrática”. Tenemos un sistema muy regresivo e insuficiente que reposa sobre los impuestos indirectos (8 puntos del PIB), mientras que los impuestos a la renta se han disminuido con las nuevas exenciones y deducciones al 5% del PIB.
Estos tributos, incluyendo el del patrimonio para financiar la guerra, recaen sobre las empresas: las personas naturales dueñas de acciones están exentos de tributar sobre los dividendos recibidos y deducen buena parte de los intereses que devengan sus portafolios.
En los campos, los grandes latifundistas pagan sumas ridículas de predial y esconden su patrimonio del fisco nacional.
Corresponde entonces recomponer las cargas: se puede aumentar tanto los impuestos a los dueños de la riqueza del país que incluso cabe una reducción de los tributos de las empresas, en especial los que recargan sus nóminas. Nuevos impuestos a las exportaciones mineras permitirían ahorrar la bonanza. Ahí sí tendríamos un prosperidad mejor repartida, más empleo y, no menos, equilibrio macroeconómico que garantice una prosperidad mayor y más duradera.
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Salomón Kalmanovitz
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Por: Salomón Kalmanovitz
ES EVIDENTE QUE EL CRECIMIENTO de la economía colombiana se ha recuperado.
Buena parte del impulso viene de la política monetaria de muy bajas tasas de interés, que ha propiciado un aumento de las ventas a crédito. Al mismo tiempo, la baja inflación y la revaluación del peso han aumentado el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos.
Otro factor fundamental en la reactivación es la demanda de Asia sobre las materias primas que producimos, lo cual incide en el aumento de la inversión extranjera en minería. Es desafortunado, sin embargo, que la actividad minera genera poco empleo, depreda el medio ambiente y conduce a caídas de la rentabilidad en el resto de la economía. Este sector ha recibido enormes beneficios en el pasado, que no se compadecen con el equilibrio fiscal.
En efecto, la deducción del 30% por la adquisición de maquinaria beneficia en especial la minería y los regalos tributarios constituyen el 40% del déficit fiscal del gobierno central.
Según las cuentas nacionales del DANE, los sectores que más crecen en el primer trimestre de 2010 son construcción (16%) y minería (13%), con la agricultura (una de las cinco locomotoras del crecimiento) contrayéndose otro 1,3%. El desempleo durante el mismo trimestre alcanzó ¡13%!, mientras que la informalidad cobija al 56% de la población. Lo evidente es que las políticas públicas son en buena parte responsables de que el crecimiento económico se profundice sin remediar los altos índices de desempleo e informalidad.
Aunque el Ministro de Hacienda dijo que va a examinar las exenciones tributaria irracionales que subsisten, lo que va a hacer por el momento es aumentar el déficit del gobierno central en otros $2 billones, completando el 4,9% del PIB. Intenta así contrarrestar el draconiano ajuste que le impuso el gobierno saliente.
También es preocupante que el gobierno se amarre las manos en el tema de los parafiscales y de las otras cargas a la nómina que fomentan la informalidad y el desempleo. Se sugiere que, para complacer a los sindicatos derechistas que son parte de su proclamada unidad nacional, el gobierno contemple retirar de su agenda reformas profundas al régimen laboral y al de salud.
Una reforma tributaria es necesaria si se quiere cumplir el lema de gobierno de “prosperidad democrática”. Tenemos un sistema muy regresivo e insuficiente que reposa sobre los impuestos indirectos (8 puntos del PIB), mientras que los impuestos a la renta se han disminuido con las nuevas exenciones y deducciones al 5% del PIB.
Estos tributos, incluyendo el del patrimonio para financiar la guerra, recaen sobre las empresas: las personas naturales dueñas de acciones están exentos de tributar sobre los dividendos recibidos y deducen buena parte de los intereses que devengan sus portafolios.
En los campos, los grandes latifundistas pagan sumas ridículas de predial y esconden su patrimonio del fisco nacional.
Corresponde entonces recomponer las cargas: se puede aumentar tanto los impuestos a los dueños de la riqueza del país que incluso cabe una reducción de los tributos de las empresas, en especial los que recargan sus nóminas. Nuevos impuestos a las exportaciones mineras permitirían ahorrar la bonanza. Ahí sí tendríamos un prosperidad mejor repartida, más empleo y, no menos, equilibrio macroeconómico que garantice una prosperidad mayor y más duradera.
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Salomón Kalmanovitz
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