¿Cuál bonanza? | ELESPECTADOR.COM: "¿Cuál bonanza?
Por: Salomón Kalmanovitz
EL NUEVO MINISTRO DE HACIENDA, Juan Carlos Echeverry, confía en una bonanza petrolera a la vuelta de la esquina que duplicará la producción, que hoy se acerca a los 780.000 barriles diarios de crudo.
La producción de carbón debe pasar de 70 millones de toneladas anuales a 100 millones en el curso de tres o cuatro años, algo que por lo menos está geológicamente comprobado.
Según el director de Centro de Altos Estudios Minero-energéticos de la UIS, Óscar Vanegas, las proyecciones del Gobierno en petróleo sólo se cumplirían si se encuentran reservas probadas cuantiosas, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Los modestos aumentos de la producción logrados son resultado de mejoras en la recuperación del crudo de los yacimientos existentes, lo cual tenderá a disminuir en dos o tres años.
Los últimos yacimientos importantes encontrados fueron los de Cusiana (1989) y Cupiagua (1991); desde entonces, no se ha descubierto alguno que cuente con reservas de más de 100 millones de barriles. Las reservas colombianas totales son de 1.800 millones de barriles que se comparan pobres frente a Venezuela, que cuenta con 65.000 millones, sin incluir sus crudos pesados.
En los últimos ocho años Ecopetrol ha invertido 5.000 millones de dólares en exploración, lo cual apenas ha permitido reponer la extinción de los campos existentes con 538 millones de barriles diarios. Sólo el 2% de ese monto corresponde a nuevos hallazgos, mientras que el resto viene de recuperación de pozos existentes y adquisición de los pozos de Hocol y Petrotech.
La concesión de la mina El Descanso en el Cesar a la Drummond, una empresa familiar sin mucha capacidad financiera y de 0 en conducta corporativa, tiene un potencial de producir 20 millones de toneladas de carbón por año. El hecho de que esta firma esté buscando alianzas con las corporaciones serias del sector demuestra que no tenía capacidad para explotar la concesión graciosa del gobierno Uribe y puede demorar la puesta en marcha del nuevo yacimiento.
Así las cosas, habrá un aumento moderado de la producción minero-petrolera y el país no capturará una enorme renta que lo descargue de pagar impuestos, que fue la razón para que Santos dijera que no se necesitaba reforma tributaria. Encubría, de esta manera, el hecho de que el déficit fiscal es insostenible si no se recaudan recursos sanos.
¿Cómo se propone lograr estos recursos el nuevo gobierno? Por el momento, se ha anunciado una reforma constitucional a las regalías para quitárselas a los municipios y departamentos que las han despilfarrado lastimosamente y para que contribuyan a financiar el hueco fiscal del gobierno central; si queda algo, se destinará a inversiones regionales, asignadas por Planeación Nacional. Es claro que habrá una enorme resistencia regional en el Congreso para aprobarla.
Otros recursos vendrán si se logran liquidar los extravagantes y costosos subsidios otorgados por Uribe a empresas para que adquirieran maquinaria o se volvieran zonas francas de bolsillo (que cuestan 2 puntos del PIB), algo que no será fácil dados los contratos de seguridad jurídica con que se les blindó. Otra alternativa insinuada en el presupuesto de 2011 es un recorte brutal del gasto y de la inversión. En fin, si el Gobierno busca obtener unas finanzas en equilibrio y un alto nivel de inversión pública tendrá que hacer una reforma tributaria grande e integral.
*
Salomón Kalmanovitz
- Enviado mediante la barra Google"
lunes, 2 de agosto de 2010
El país de las maravillas
¿Y la libertad de expresión?
Por: Mario Morales
MUY A PESAR DEL ALARDE EN DISMInución de asesinatos de periodistas, no le fue bien a la prensa, ni a la libertad de expresión en estos ocho años.
Enlaces patrocinados - Paute Fácil
No se puede exhibir como logro que haya habido, por lo menos, 27 periodistas asesinados de 2002 a 2009, como documenta la Flip. Si bien ese promedio disminuyó, otros como las amenazas subieron: 45 en 2002, 74 en 2009. Y de manera solapada, engordaron nuevas y sofisticadas amenazas a la prensa, además de las “tradicionales” de intimidación, agresión, censura y muerte.
Esos nuevos ataques a la prensa, en medio de la polarización política y concentración de medios, fueron, de manera sistemática: acoso judicial, estigmatización o señalamientos indebidos, proyectos de ley limitantes, obstrucción del trabajo, avalancha de propaganda política disfrazada de información, presión laboral o de la pauta, y la “cacería de brujas”, o DAS-gate, como la denominó Reporteros Sin Fronteras, para caracterizar el espionaje, seguimiento y desacreditación de, al menos, 16 reporteros según informe a mayo de 2010. Sin contar otros atinentes a las rutinas y prácticas, como ruedas de prensa sin preguntas, invitación a giras, entrega de material editado y el “aceitado” a la puerta giratoria entre periodismo y gobierno.
Las víctimas de neo-censura en ocho años superan de lejos el millar. En 2009 hubo 258 en 129 casos documentados por la Flip, lo que nos significó el nada honroso lugar 126 entre 175 países (según RSF). Víctimas, entre la multitud de reporteros anónimos, son Hollman Morris, Claudia Julieta Duque, Jorge E. Botero, Daniel Coronell, Carlos Lozano, Claudia López, Javier Darío Restrepo, Alfredo Molano, Álvarez Gardeazábal, Ramón Jimeno, Pascual Gaviria, Ma. Elvira Samper y Rodrigo Pardo.
Pero, ¿hubo libertad de expresión? Para responder, resulta apropiada la metáfora de Neil Postman, de la Universidad de Nueva York, al plantearse si a un río, después de contaminado, se le puede seguir llamando río. Ha habido tantos cambios acumulativos en las aguas del periodismo que la libertad de expresión está contaminada, y puede ser tóxica, aunque con vida, pero lejos del río transparente que el Gobierno, terco en su balance, insiste en presentar.
www.mariomorales.info y en Twitter @marioemorales
¿Y la libertad de expresión?
Por: Mario Morales
MUY A PESAR DEL ALARDE EN DISMInución de asesinatos de periodistas, no le fue bien a la prensa, ni a la libertad de expresión en estos ocho años.
Enlaces patrocinados - Paute Fácil
No se puede exhibir como logro que haya habido, por lo menos, 27 periodistas asesinados de 2002 a 2009, como documenta la Flip. Si bien ese promedio disminuyó, otros como las amenazas subieron: 45 en 2002, 74 en 2009. Y de manera solapada, engordaron nuevas y sofisticadas amenazas a la prensa, además de las “tradicionales” de intimidación, agresión, censura y muerte.
Esos nuevos ataques a la prensa, en medio de la polarización política y concentración de medios, fueron, de manera sistemática: acoso judicial, estigmatización o señalamientos indebidos, proyectos de ley limitantes, obstrucción del trabajo, avalancha de propaganda política disfrazada de información, presión laboral o de la pauta, y la “cacería de brujas”, o DAS-gate, como la denominó Reporteros Sin Fronteras, para caracterizar el espionaje, seguimiento y desacreditación de, al menos, 16 reporteros según informe a mayo de 2010. Sin contar otros atinentes a las rutinas y prácticas, como ruedas de prensa sin preguntas, invitación a giras, entrega de material editado y el “aceitado” a la puerta giratoria entre periodismo y gobierno.
Las víctimas de neo-censura en ocho años superan de lejos el millar. En 2009 hubo 258 en 129 casos documentados por la Flip, lo que nos significó el nada honroso lugar 126 entre 175 países (según RSF). Víctimas, entre la multitud de reporteros anónimos, son Hollman Morris, Claudia Julieta Duque, Jorge E. Botero, Daniel Coronell, Carlos Lozano, Claudia López, Javier Darío Restrepo, Alfredo Molano, Álvarez Gardeazábal, Ramón Jimeno, Pascual Gaviria, Ma. Elvira Samper y Rodrigo Pardo.
Pero, ¿hubo libertad de expresión? Para responder, resulta apropiada la metáfora de Neil Postman, de la Universidad de Nueva York, al plantearse si a un río, después de contaminado, se le puede seguir llamando río. Ha habido tantos cambios acumulativos en las aguas del periodismo que la libertad de expresión está contaminada, y puede ser tóxica, aunque con vida, pero lejos del río transparente que el Gobierno, terco en su balance, insiste en presentar.
www.mariomorales.info y en Twitter @marioemorales
martes, 15 de junio de 2010
Columnista Op-Ed - La lucha más grande - NYTimes.com
Columnista Op-Ed - La lucha más grande - NYTimes.com
La lucha más grande
Por DAVID BROOKS
Publicado: 14 de junio 2010
En estos días estamos paralizados por la lucha entre BP y el gobierno de EE.UU.. Este es un conflicto familiar - entre una empresa multinacional tratando de obtener un beneficio y el gobierno tratando de regular la empresa y mantenerla responsable.
Pero este conflicto es realmente una riña familiar. Tiene lugar en medio de un conflicto mucho mayor, y en este conflicto más grande BP y el gobierno de EE.UU. están en el mismo equipo.
El conflicto en realidad comenzó con el final de la guerra fría. Esa disputa ideológica resolvió la discusión sobre si el capitalismo era el mejor sistema económico. Pero no se conformó con la controversia sobre si el capitalismo democrático era el mejor sistema político-social-económico. En su lugar, dejó al mundo dividido en dos campos en general.
Por un lado están los que creen en el capitalismo democrático - que van desde los Estados Unidos a Dinamarca a Japón. La gente en este campo por lo general creen que las empresas están ahí para crear riqueza y elevar el nivel de vida mientras que los gobiernos están allí para cuando sea necesario regular y hacer cumplir la igualdad de condiciones. Tanto los funcionarios gubernamentales como el Presidente Obama y los trabajadores del sector privado como los ejecutivos de BP caen perfectamente en este campo.
Por otro lado están los que rechazan el capitalismo democrático, al creer que conduce al caos, las burbujas, explotaciones y se bloquea. En su lugar, se abrazan el capitalismo de Estado. La gente en este campamento dirigido a Rusia, China, Arabia Saudí, Irán, Venezuela y muchos otros países.
Muchos eruditos han comenzado a analizar el capitalismo de Estado. Uno de los más claros y los tratamientos más amplio "El Fin del mercado libre", por Ian Bremmer.
Bremmer, precisa que en el capitalismo de Estado, los gobiernos autoritarios utilizan los mercados "para crear la riqueza que pueden ser dirigidas a los funcionarios políticos consideran necesario." La motivación fundamental, continúa, "no es económico (maximización del crecimiento) sino político (maximizando el poder del Estado y posibilidades de la dirección de la supervivencia). "Bajo el capitalismo de Estado, las empresas de mercado existen para ganar dinero para financiar la clase dominante.
El contraste es más claro en el sector energético. En el mundo capitalista democrático que tenemos las empresas petroleras, como Exxon Mobil, BP y Royal neerlandesa Shell, que ganar dinero para los accionistas.
En el estado capitalista mundial hay empresas administradas por el gobierno como Gazprom, Petrobras, Saudi Aramco, Petronas, Petróleos de Venezuela, China National Petroleum Corporation y la National Iranian Oil Company. Estas empresas crean riqueza para el amiguismo político, y ellos, a su vez, tienen el poder del estado detrás de ellos.
Con esta ventaja, las compañías estatales de energía han sido absolutamente aplastante de las empresas de energía del sector privado. En Estados Unidos, usamos la frase para describir las petroleras Exxon Mobil, BP, Royal neerlandesa Shell y otras. Pero eso demuestra lo que estamos parroquiales. De hecho, ninguna de estas empresas privadas se hacen en una lista de las principales compañías energéticas del mundo 13. Hace una generación, las mayores multinacionales producido bien más de la mitad del petróleo del mundo y el gas. Pero ahora, según Bremmer, que producen sólo 10 por ciento del petróleo del mundo y de gas y sólo poseen alrededor del 3 por ciento de las reservas mundiales.
La rivalidad entre el capitalismo democrático y capitalismo de Estado no es como la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo. Es una rivalidad más interdependiente. empresas del Estado capitalista democrático invertir fuertemente en las empresas capitalistas (pero no tienden a invertir en sí). Ambas partes dependen unos de otros en las redes comerciales de enclavamiento.
Sin embargo, no hay rivalidad. Hay una rivalidad por el prestigio. ¿Qué sistema funciona mejor para producir la seguridad y el crecimiento? ¿Qué sistema debe emergentes y las naciones democráticas que luchan por objetivo? También hay rivalidad por las normas que deben regir el orden mundial. En caso de países como Rusia poder retener el gas de Europa occidental para hacer un punto político? ¿Deberían los gobiernos puedan inclinar el campo de juego para beneficiar a los campeones nacionales bien conectados? ¿Deberían los gobiernos autoritarios como Irán se permite nuclearize?
Nosotros, en el mundo democrático tienden a asumir el capitalismo de Estado no puede prosperar para siempre. Las empresas innovadoras no pueden prosperar a menos que haya también un libre intercambio de ideas. Una economía de alta tecnología requiere la destrucción de más creativo que un gobierno autoritario puede tolerar. Amiguismo inevitablemente socavan la eficiencia.
Todo eso es cierto. Pero el capitalismo de Estado puede ser el único sistema viable en las sociedades de baja confianza, en lugares donde el poder descentralizado se convirtiera en el gangsterismo. Por otra parte, los regímenes democráticos han demostrado su vulnerabilidad en los últimos tiempos: una tendencia a hacer promesas inalcanzables para las personas mayores y otros grupos políticamente poderosos, una tendencia hacia la polarización, que inmoviliza los gobiernos, incluso en la cara de los problemas devastadores.
Nosotros, en el mundo democrático no tienen derecho a ser optimistas. Estado grifos capitalismo en las pasiones nacionalistas de profundidad y ofrece seguridad psíquica de las personas que detestan el bullicio del capitalismo moderno. Así que espero que a medida que se disputan, Obama y BP mantener al menos un ojo en la foto más grande.
Necesitamos las compañías de energía sana privado. También tenemos que abandonar progresivamente a partir del petróleo y el gas - los productos que han financiado el auge del capitalismo de estado agresivo.
La lucha más grande
Por DAVID BROOKS
Publicado: 14 de junio 2010
En estos días estamos paralizados por la lucha entre BP y el gobierno de EE.UU.. Este es un conflicto familiar - entre una empresa multinacional tratando de obtener un beneficio y el gobierno tratando de regular la empresa y mantenerla responsable.
Pero este conflicto es realmente una riña familiar. Tiene lugar en medio de un conflicto mucho mayor, y en este conflicto más grande BP y el gobierno de EE.UU. están en el mismo equipo.
El conflicto en realidad comenzó con el final de la guerra fría. Esa disputa ideológica resolvió la discusión sobre si el capitalismo era el mejor sistema económico. Pero no se conformó con la controversia sobre si el capitalismo democrático era el mejor sistema político-social-económico. En su lugar, dejó al mundo dividido en dos campos en general.
Por un lado están los que creen en el capitalismo democrático - que van desde los Estados Unidos a Dinamarca a Japón. La gente en este campo por lo general creen que las empresas están ahí para crear riqueza y elevar el nivel de vida mientras que los gobiernos están allí para cuando sea necesario regular y hacer cumplir la igualdad de condiciones. Tanto los funcionarios gubernamentales como el Presidente Obama y los trabajadores del sector privado como los ejecutivos de BP caen perfectamente en este campo.
Por otro lado están los que rechazan el capitalismo democrático, al creer que conduce al caos, las burbujas, explotaciones y se bloquea. En su lugar, se abrazan el capitalismo de Estado. La gente en este campamento dirigido a Rusia, China, Arabia Saudí, Irán, Venezuela y muchos otros países.
Muchos eruditos han comenzado a analizar el capitalismo de Estado. Uno de los más claros y los tratamientos más amplio "El Fin del mercado libre", por Ian Bremmer.
Bremmer, precisa que en el capitalismo de Estado, los gobiernos autoritarios utilizan los mercados "para crear la riqueza que pueden ser dirigidas a los funcionarios políticos consideran necesario." La motivación fundamental, continúa, "no es económico (maximización del crecimiento) sino político (maximizando el poder del Estado y posibilidades de la dirección de la supervivencia). "Bajo el capitalismo de Estado, las empresas de mercado existen para ganar dinero para financiar la clase dominante.
El contraste es más claro en el sector energético. En el mundo capitalista democrático que tenemos las empresas petroleras, como Exxon Mobil, BP y Royal neerlandesa Shell, que ganar dinero para los accionistas.
En el estado capitalista mundial hay empresas administradas por el gobierno como Gazprom, Petrobras, Saudi Aramco, Petronas, Petróleos de Venezuela, China National Petroleum Corporation y la National Iranian Oil Company. Estas empresas crean riqueza para el amiguismo político, y ellos, a su vez, tienen el poder del estado detrás de ellos.
Con esta ventaja, las compañías estatales de energía han sido absolutamente aplastante de las empresas de energía del sector privado. En Estados Unidos, usamos la frase para describir las petroleras Exxon Mobil, BP, Royal neerlandesa Shell y otras. Pero eso demuestra lo que estamos parroquiales. De hecho, ninguna de estas empresas privadas se hacen en una lista de las principales compañías energéticas del mundo 13. Hace una generación, las mayores multinacionales producido bien más de la mitad del petróleo del mundo y el gas. Pero ahora, según Bremmer, que producen sólo 10 por ciento del petróleo del mundo y de gas y sólo poseen alrededor del 3 por ciento de las reservas mundiales.
La rivalidad entre el capitalismo democrático y capitalismo de Estado no es como la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo. Es una rivalidad más interdependiente. empresas del Estado capitalista democrático invertir fuertemente en las empresas capitalistas (pero no tienden a invertir en sí). Ambas partes dependen unos de otros en las redes comerciales de enclavamiento.
Sin embargo, no hay rivalidad. Hay una rivalidad por el prestigio. ¿Qué sistema funciona mejor para producir la seguridad y el crecimiento? ¿Qué sistema debe emergentes y las naciones democráticas que luchan por objetivo? También hay rivalidad por las normas que deben regir el orden mundial. En caso de países como Rusia poder retener el gas de Europa occidental para hacer un punto político? ¿Deberían los gobiernos puedan inclinar el campo de juego para beneficiar a los campeones nacionales bien conectados? ¿Deberían los gobiernos autoritarios como Irán se permite nuclearize?
Nosotros, en el mundo democrático tienden a asumir el capitalismo de Estado no puede prosperar para siempre. Las empresas innovadoras no pueden prosperar a menos que haya también un libre intercambio de ideas. Una economía de alta tecnología requiere la destrucción de más creativo que un gobierno autoritario puede tolerar. Amiguismo inevitablemente socavan la eficiencia.
Todo eso es cierto. Pero el capitalismo de Estado puede ser el único sistema viable en las sociedades de baja confianza, en lugares donde el poder descentralizado se convirtiera en el gangsterismo. Por otra parte, los regímenes democráticos han demostrado su vulnerabilidad en los últimos tiempos: una tendencia a hacer promesas inalcanzables para las personas mayores y otros grupos políticamente poderosos, una tendencia hacia la polarización, que inmoviliza los gobiernos, incluso en la cara de los problemas devastadores.
Nosotros, en el mundo democrático no tienen derecho a ser optimistas. Estado grifos capitalismo en las pasiones nacionalistas de profundidad y ofrece seguridad psíquica de las personas que detestan el bullicio del capitalismo moderno. Así que espero que a medida que se disputan, Obama y BP mantener al menos un ojo en la foto más grande.
Necesitamos las compañías de energía sana privado. También tenemos que abandonar progresivamente a partir del petróleo y el gas - los productos que han financiado el auge del capitalismo de estado agresivo.
lunes, 14 de junio de 2010
Legisladores debatirán protocolo que crea Parlamento regional - Noticias de Latinoamérica - Mundo - ELTIEMPO.COM
Legisladores debatirán protocolo que crea Parlamento regional - Noticias de Latinoamérica - Mundo - ELTIEMPO.COM.
Legisladores suramericanos debatirán protocolo que crea Parlamento regional
Quito será sede de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de los países que integran Unasur.
Allí se reunirán los funcionarios este 14 y 15 de junio, quienes debatirán el protocolo adicional que crea el Parlamento Suramericano.
Además, en la cita se prevé presentar una propuesta del plan de trabajo 2010-2011, para la Cooperación Parlamentaria Suramericana y las opciones para una nueva arquitectura financiera regional: Banco del Sur y Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, informó la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador.
Previo a la cita de mañana, se reunieron en Quito delegados suramericanos para realizar propuestas y observaciones al protocolo adicional que crea el Parlamento Suramericano, según la fuente.
En la Cumbre está prevista la intervención del presidente de Ecuador, Rafael Correa; del presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero; y del titular del Grupo de Trabajo, Héctor Arce.
La Asamblea Nacional de Ecuador informó de que los titulares de los poderes Legislativos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador han confirmado hasta el momento su participación en la cita que tendrá lugar el 14 y el 15 de junio en la sede de la Asamblea Nacional.
A este cónclave han confirmado su asistencia los presidentes de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta; de la Cámara de Diputados de Argentina, Eduardo Alfredo Fellner; de la Cámara Nacional de Representantes de Colombia, Santiago Castro Gómez; del Senado de Chile, Jorge Pizarro Soto, quien además, es presidente del Parlamento Latinoamericano.
También ratificaron su participación los presidentes del Parlamento Amazónico Internacional, Éddy Gómez Abreu y del Parlamento Indígena de América, José Poyo, así como el secretario del Parlamento Andino, Rubén Vélez.
Además, participará Rubén Martínez Huemo, en representación de la presidenta de la Cámara de Representantes de Uruguay.
Legisladores suramericanos debatirán protocolo que crea Parlamento regional
Quito será sede de la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de los países que integran Unasur.
Allí se reunirán los funcionarios este 14 y 15 de junio, quienes debatirán el protocolo adicional que crea el Parlamento Suramericano.
Además, en la cita se prevé presentar una propuesta del plan de trabajo 2010-2011, para la Cooperación Parlamentaria Suramericana y las opciones para una nueva arquitectura financiera regional: Banco del Sur y Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, informó la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador.
Previo a la cita de mañana, se reunieron en Quito delegados suramericanos para realizar propuestas y observaciones al protocolo adicional que crea el Parlamento Suramericano, según la fuente.
En la Cumbre está prevista la intervención del presidente de Ecuador, Rafael Correa; del presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero; y del titular del Grupo de Trabajo, Héctor Arce.
La Asamblea Nacional de Ecuador informó de que los titulares de los poderes Legislativos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador han confirmado hasta el momento su participación en la cita que tendrá lugar el 14 y el 15 de junio en la sede de la Asamblea Nacional.
A este cónclave han confirmado su asistencia los presidentes de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta; de la Cámara de Diputados de Argentina, Eduardo Alfredo Fellner; de la Cámara Nacional de Representantes de Colombia, Santiago Castro Gómez; del Senado de Chile, Jorge Pizarro Soto, quien además, es presidente del Parlamento Latinoamericano.
También ratificaron su participación los presidentes del Parlamento Amazónico Internacional, Éddy Gómez Abreu y del Parlamento Indígena de América, José Poyo, así como el secretario del Parlamento Andino, Rubén Vélez.
Además, participará Rubén Martínez Huemo, en representación de la presidenta de la Cámara de Representantes de Uruguay.
domingo, 13 de junio de 2010
Condicionamientos | ELESPECTADOR.COM
Condicionamientos | ELESPECTADOR.COM
Condicionamientos
Por: Alfredo Molano Bravo
UN GRAN SECTOR DE LA ELITE DE LOS grandes negocios quiere que al aeropuerto se le deje el nombre que tiene, el de la tierra legendaria donde los nativos se bañaban con oro.
La leyenda de El Dorado tenía patas: en el primer siglo, los conquistadores se cargaron unos 200.000 kilos de oro, la mayoría de la Nueva Granada, a costa del casi exterminio indígena. El mito llevó a los conquistadores a esculcar el territorio de arriba abajo, y a los paisas, en el siglo XIX, a buscar por todas partes el tesoro de Pipintá al sur de Abejorral. La búsqueda de minas y de recursos fabulosos no cesa. El país se halla fotografiado desde los satélites centímetro a centímetro; las grandes compañías mineras saben dónde está el oro, el petróleo, el carbón, el agua; y lo peor, casi toda esa riqueza está concesionada. Las garantías que el gobierno actual otorga se pueden medir en el desaforado gasto militar para cuidar los enclaves y en las gabelas tributarias a los inversores. Sin duda detrás de esta política están quienes quieren que al aeropuerto se le siga llamando El Dorado, como quien le pone a una casa: Se vende. La nueva política económica del gobierno actual —y la del siguiente— es la de abrirse de patas a las multinacionales de la minería, del petróleo y ahora del agua. Están listas instalando entables con todos los fierros en los páramos, las cordilleras, las selvas, las costas, gigantescos depredadores del tamaño y brutalidad de la Anglo Gold Ashanti, la Greystar Resources, la Gran Tierra Energy, la Esmerald Energy la BHP Billiton, Aguas de Barcelona, la Anglo American, la Coca-cola, la Drummond, la Intercor, y la B.P., cuya obsesión por el oro negro se constata en el criminal derrame de crudo en el golfo de México. Una de las garantías que estos monstruos exigen para sacar el oro, el petróleo, el carbón, el agua, el níquel es la flexibilidad laboral o ley del embudo, donde todas las ventajas son para los patrones y todas las limitaciones son para el trabajador. Es tan rentable el modelo que liquidó el código laboral. La resistencia a estas normas —jornadas de trabajo ilimitadas, salarios por debajo de la inflación, desconocimiento de prestaciones y fuero sindical— es el secreto del asesinato de sindicalistas. A bala han impuesto las condiciones de trabajo. Dos mil o más muertos por esta causa. Tantos, que hasta los Demócratas, quizás previendo una especie de dumping originado en los bajos salarios, protestan y no dejan pasar el TLC. La Confederación Sindical Internacional, la más fuerte organización obrera del mundo, de la que hacen parte millones de trabajadores, ha publicado otra de las estadísticas que, con las de corrupción e impunidad, se nos conoce: el año pasado de 101 sindicalistas asesinados, 48 eran colombianos. El Gobierno puso el grito en el cielo: ¡No son 48, son 28! ¡Qué logro! Así, seguimos siendo —con cifras oficiales en mano— el país donde matan más sindicalistas.
Políticas todas, por supuesto, bien cuidadas por las fuerzas del orden. Fuerzas que según el Gobierno deben ser blindadas por un fuero especial —este sí— que impida que el código penal, que rige para civiles, juzgue asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas y demás delitos atroces que el país bien conoce y mucho ha sufrido. El fallo de la valiente juez Jara, que declaró culpable por desaparición forzada al coronel retirado Plazas Vega, le ha dolido a Uribe. Las Fuerzas Militares terminarán declarándole la guerra al juzgamiento de militares por jueces civiles. Los falsos positivos serán eliminados por esta vía. El Derecho Internacional Humanitario fue redactado en Suiza y no en el río Putumayo, ha dicho algún general. Si por él fuera, el aeropuerto debería llamarse Yair Klein.
Nota: Al M19 se le dio la amnistía a cambio de que se acogiera a la Constitución. No estaría mal que a los militares, por simetría, se les pusiera idéntica condición
*
Alfredo Molano Bravo
Condicionamientos
Por: Alfredo Molano Bravo
UN GRAN SECTOR DE LA ELITE DE LOS grandes negocios quiere que al aeropuerto se le deje el nombre que tiene, el de la tierra legendaria donde los nativos se bañaban con oro.
La leyenda de El Dorado tenía patas: en el primer siglo, los conquistadores se cargaron unos 200.000 kilos de oro, la mayoría de la Nueva Granada, a costa del casi exterminio indígena. El mito llevó a los conquistadores a esculcar el territorio de arriba abajo, y a los paisas, en el siglo XIX, a buscar por todas partes el tesoro de Pipintá al sur de Abejorral. La búsqueda de minas y de recursos fabulosos no cesa. El país se halla fotografiado desde los satélites centímetro a centímetro; las grandes compañías mineras saben dónde está el oro, el petróleo, el carbón, el agua; y lo peor, casi toda esa riqueza está concesionada. Las garantías que el gobierno actual otorga se pueden medir en el desaforado gasto militar para cuidar los enclaves y en las gabelas tributarias a los inversores. Sin duda detrás de esta política están quienes quieren que al aeropuerto se le siga llamando El Dorado, como quien le pone a una casa: Se vende. La nueva política económica del gobierno actual —y la del siguiente— es la de abrirse de patas a las multinacionales de la minería, del petróleo y ahora del agua. Están listas instalando entables con todos los fierros en los páramos, las cordilleras, las selvas, las costas, gigantescos depredadores del tamaño y brutalidad de la Anglo Gold Ashanti, la Greystar Resources, la Gran Tierra Energy, la Esmerald Energy la BHP Billiton, Aguas de Barcelona, la Anglo American, la Coca-cola, la Drummond, la Intercor, y la B.P., cuya obsesión por el oro negro se constata en el criminal derrame de crudo en el golfo de México. Una de las garantías que estos monstruos exigen para sacar el oro, el petróleo, el carbón, el agua, el níquel es la flexibilidad laboral o ley del embudo, donde todas las ventajas son para los patrones y todas las limitaciones son para el trabajador. Es tan rentable el modelo que liquidó el código laboral. La resistencia a estas normas —jornadas de trabajo ilimitadas, salarios por debajo de la inflación, desconocimiento de prestaciones y fuero sindical— es el secreto del asesinato de sindicalistas. A bala han impuesto las condiciones de trabajo. Dos mil o más muertos por esta causa. Tantos, que hasta los Demócratas, quizás previendo una especie de dumping originado en los bajos salarios, protestan y no dejan pasar el TLC. La Confederación Sindical Internacional, la más fuerte organización obrera del mundo, de la que hacen parte millones de trabajadores, ha publicado otra de las estadísticas que, con las de corrupción e impunidad, se nos conoce: el año pasado de 101 sindicalistas asesinados, 48 eran colombianos. El Gobierno puso el grito en el cielo: ¡No son 48, son 28! ¡Qué logro! Así, seguimos siendo —con cifras oficiales en mano— el país donde matan más sindicalistas.
Políticas todas, por supuesto, bien cuidadas por las fuerzas del orden. Fuerzas que según el Gobierno deben ser blindadas por un fuero especial —este sí— que impida que el código penal, que rige para civiles, juzgue asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas y demás delitos atroces que el país bien conoce y mucho ha sufrido. El fallo de la valiente juez Jara, que declaró culpable por desaparición forzada al coronel retirado Plazas Vega, le ha dolido a Uribe. Las Fuerzas Militares terminarán declarándole la guerra al juzgamiento de militares por jueces civiles. Los falsos positivos serán eliminados por esta vía. El Derecho Internacional Humanitario fue redactado en Suiza y no en el río Putumayo, ha dicho algún general. Si por él fuera, el aeropuerto debería llamarse Yair Klein.
Nota: Al M19 se le dio la amnistía a cambio de que se acogiera a la Constitución. No estaría mal que a los militares, por simetría, se les pusiera idéntica condición
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Alfredo Molano Bravo
jueves, 10 de junio de 2010
Admiración, tolerancia, rebelión - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
Admiración, tolerancia, rebelión - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
Admiración, tolerancia, rebelión
La corrupción en la historia de Colombia podría agruparse en cuatro tipos básicos:
1) Evasión de impuestos. Durante siglos fueron vistos como una extorsión arbitraria de un Estado alcabalero que no dejaba trabajar. Se admiraba a los contrabandistas, a los que cultivaban a escondidas tabaco o destilaban aguardiente en alambiques clandestinos, a los comuneros que se rebelaban contra los tributos. Las novelas están llenas de héroes que se enfrentan a los agentes de rentas. Solo al afianzarse la idea de que el Estado existe para proteger los derechos de todos, se hizo normal el rechazo a los que no pagan impuestos y se aprovechan de los bienes públicos.
2) El Estado como patrimonio privado o de unos pocos dueños. Mientras las burocracias eran pequeñas y los servicios públicos, limitados, no se veía mal nombrar familiares, usar palancas, repartir baldíos a los amigos: lo malo de la rosca era no estar en ella.
3) El abuso de poder. Aunque hace unas décadas parecía normal usar los cargos públicos para extorsionar, pedir una propina, demorar un trámite u hostigar a la oposición, esto logró controlarse: hoy el ciudadano colombiano casi nunca tiene que pagar sobornos para que lo atiendan, aunque el acoso a los opositores aún existe.
4) El robo de recursos públicos. Cobrar comisiones o enriquecerse en el Estado no fue muy frecuente en Colombia hasta que la asignación de divisas, las importaciones o la licitación de contratos, a veces de obras imaginarias, se volvieron importantes en la economía, hace 30 o 40 años. Es algo frecuente en todo el mundo, y mucho país cercano es peor, de modo que parecía tolerable. Hace años uno oía decir, en elogio de algún alcalde, que "roba, pero hace obras". Lo que convirtió el caso colombiano en especialmente irritante no fue la percepción de que esto encarece los servicios y hay que pagar más por ellos, sino que se volviera un sistema de poder y de vida. Al viejo manzanillismo, que repartía puestos y favores, lo reemplazó un clientelismo que se tomó el poder en varias regiones del país y se alió con la violencia y otras formas de delito. Los contratos financian un aparato político que gana las elecciones con los recursos de la misma gente, y pone al Estado, en muchas partes, a favor del narcotráfico, de los paramilitares y a veces de la guerrilla. El ciudadano paga los impuestos con los que los políticos le compran el voto o protegen a los que lo intimidan o le quitan la tierra.
Lo intolerable fue convertir el robo o el uso ilegal de recursos públicos en la sangre de la política. Pero hubo siempre vacunas (jueces, políticos, periodistas, electores) que impidieron que la peste local invadiera todo. Narcos, paramilitares, caciques regionales se creyeron a punto de manejar el país, pero lo que quedó fue una inquieta convivencia, en la que hasta es posible tener buenos gobiernos con apoyo de los corruptos, mientras no se pasen ciertos límites.
Un primer intento de rebelión radical fue el de Luis Carlos Galán, cuando la corrupción parecía aceptable, siempre que estuviera en sus justas proporciones. Su votación de 1982, todavía débil, anunció lo que estaba pasando en la opinión.
En esta elección, Mockus llevó la corrupción al centro del debate, al plantear la exigencia de que no solo los gobernantes sean impecables en su gestión, sino que todos los ciudadanos asuman el respeto y la defensa de la ley como una obligación personal. Al hacerlo, puso en cuestión la separación de las formas débiles de corrupción (la evasión de impuestos, la rosca o la palanca) de las que se han aliado con el narcotráfico o los grupos armados: no es posible acabar con estas sin combatirlas todas al mismo tiempo. Cero corrupción puede sonar exagerado, pero la rebelión ciudadana muestra que va a ser, en los próximos años, el tema central de la política colombiana.
www.jorgeorlandomelo.com
Jorge Orlando Melo
Admiración, tolerancia, rebelión
La corrupción en la historia de Colombia podría agruparse en cuatro tipos básicos:
1) Evasión de impuestos. Durante siglos fueron vistos como una extorsión arbitraria de un Estado alcabalero que no dejaba trabajar. Se admiraba a los contrabandistas, a los que cultivaban a escondidas tabaco o destilaban aguardiente en alambiques clandestinos, a los comuneros que se rebelaban contra los tributos. Las novelas están llenas de héroes que se enfrentan a los agentes de rentas. Solo al afianzarse la idea de que el Estado existe para proteger los derechos de todos, se hizo normal el rechazo a los que no pagan impuestos y se aprovechan de los bienes públicos.
2) El Estado como patrimonio privado o de unos pocos dueños. Mientras las burocracias eran pequeñas y los servicios públicos, limitados, no se veía mal nombrar familiares, usar palancas, repartir baldíos a los amigos: lo malo de la rosca era no estar en ella.
3) El abuso de poder. Aunque hace unas décadas parecía normal usar los cargos públicos para extorsionar, pedir una propina, demorar un trámite u hostigar a la oposición, esto logró controlarse: hoy el ciudadano colombiano casi nunca tiene que pagar sobornos para que lo atiendan, aunque el acoso a los opositores aún existe.
4) El robo de recursos públicos. Cobrar comisiones o enriquecerse en el Estado no fue muy frecuente en Colombia hasta que la asignación de divisas, las importaciones o la licitación de contratos, a veces de obras imaginarias, se volvieron importantes en la economía, hace 30 o 40 años. Es algo frecuente en todo el mundo, y mucho país cercano es peor, de modo que parecía tolerable. Hace años uno oía decir, en elogio de algún alcalde, que "roba, pero hace obras". Lo que convirtió el caso colombiano en especialmente irritante no fue la percepción de que esto encarece los servicios y hay que pagar más por ellos, sino que se volviera un sistema de poder y de vida. Al viejo manzanillismo, que repartía puestos y favores, lo reemplazó un clientelismo que se tomó el poder en varias regiones del país y se alió con la violencia y otras formas de delito. Los contratos financian un aparato político que gana las elecciones con los recursos de la misma gente, y pone al Estado, en muchas partes, a favor del narcotráfico, de los paramilitares y a veces de la guerrilla. El ciudadano paga los impuestos con los que los políticos le compran el voto o protegen a los que lo intimidan o le quitan la tierra.
Lo intolerable fue convertir el robo o el uso ilegal de recursos públicos en la sangre de la política. Pero hubo siempre vacunas (jueces, políticos, periodistas, electores) que impidieron que la peste local invadiera todo. Narcos, paramilitares, caciques regionales se creyeron a punto de manejar el país, pero lo que quedó fue una inquieta convivencia, en la que hasta es posible tener buenos gobiernos con apoyo de los corruptos, mientras no se pasen ciertos límites.
Un primer intento de rebelión radical fue el de Luis Carlos Galán, cuando la corrupción parecía aceptable, siempre que estuviera en sus justas proporciones. Su votación de 1982, todavía débil, anunció lo que estaba pasando en la opinión.
En esta elección, Mockus llevó la corrupción al centro del debate, al plantear la exigencia de que no solo los gobernantes sean impecables en su gestión, sino que todos los ciudadanos asuman el respeto y la defensa de la ley como una obligación personal. Al hacerlo, puso en cuestión la separación de las formas débiles de corrupción (la evasión de impuestos, la rosca o la palanca) de las que se han aliado con el narcotráfico o los grupos armados: no es posible acabar con estas sin combatirlas todas al mismo tiempo. Cero corrupción puede sonar exagerado, pero la rebelión ciudadana muestra que va a ser, en los próximos años, el tema central de la política colombiana.
www.jorgeorlandomelo.com
Jorge Orlando Melo
martes, 8 de junio de 2010
Hoy, ¿de qué escribe uno? | ELESPECTADOR.COM
Hoy, ¿de qué escribe uno? | ELESPECTADOR.COM
Hoy, ¿de qué escribe uno?
Por: Jaime Arocha
¿DE QUE LA GENTE NEGRA, AFROCOlombiana, palenquera y raizal quizás tenga que olvidarse de las utopías con las cuales la Constitución de 1991 les permitió soñar? Los resultados del 5-30 nos notifican que la autonomía territorial, ambiental, política, educativa y cultural que esa mutación esperanzadora implicaba para los afrodescendientes puede ser reemplazada por los “viejos en acción”, entre otras personas, cuyas conciencias costaron “un guarito y un tamal”, y quienes llegaron a la U, no porque quisieron, sino porque les pagaron con dineros públicos. Quisimos negarnos a creer que la mendicidad institucionalizada mediante Familias en Acción garantizaba la perpetuación del voto a favor del horror. Sin embargo, estamos constatando que hubo una mayoría para la cual es válida la erosión definitiva de los sistemas ancestrales de producción y la poca seguridad alimentaria que aún dejan palmas aceiteras y minas de oro. El destierro de ese otro 50% de las comunidades negras que quedan en el litoral Pacífico se disimulará poniendo currulaos, jugas, chirimías y marimbas en fastuosos escenarios culturales, de esos que arrancan lágrimas de amor por la patria, en especial cuando el espectador está en Nueva York o en París.
En marzo de este año, la Directiva Presidencial Nº 1 dispuso que “si bien es cierto que la [la…] Consulta Previa en los casos previstos en los acuerdos internacionales es obligatoria, los Grupos Étnicos Nacionales, en ejercicio de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de proyectos”. En otras palabras, pueden decir no a la carretera que destruya sus patrimonios ambientales, pero el gobierno la hará de todos modos. De mantenerse esta tendencia electoral, no habrá reversazos de semejante aberración política.
Hace siete días, Semana presentaba el drama de la restitución de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó a los consejos comunitarios que recibieron los títulos colectivos originales. Como si la Corte Constitucional jamás hubiera emitido el Auto 005 de 2009, por el reiterado incumplimiento del Gobierno con respecto a la reparación de los afrocolombianos afectados por masacres y destierros, el presidente Uribe dijo que la “[…] comunidad [negra] ha visto que su defensor es el Gobierno […frente a] nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG […]”. Ante semejante cinismo y complicidad con los victimarios, uno sí se siente frustrado de que una cuarta parte de los electores haya claudicado en la consigna de “No roba, no miente, Antanas Presidente”.
No obstante el terror que inspira este porvenir, más tarde, cuando el Candidato Verde habló, resurgió esa esperanza que, por improbable, merece añorarse. Nunca dijo “yo haré”, sino que nosotros como ciudadanos defendamos ese 40% del territorio nacional que la Constitución del 91 sacó del mercado para salvaguardar la diversidad de culturas y formas de vida. Que todos nos involucremos en proyectos colectivos de “más cultura, más verde, más agua”, o de “menos corrupción, más educación”. La de los Verdes es la única propuesta que invita al deber conjunto. De ahí que atemorice a muchos, pero que rete a los añorantes por un país convocado por la sacralidad de la vida.
* Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional
*
Jaime Arocha
Hoy, ¿de qué escribe uno?
Por: Jaime Arocha
¿DE QUE LA GENTE NEGRA, AFROCOlombiana, palenquera y raizal quizás tenga que olvidarse de las utopías con las cuales la Constitución de 1991 les permitió soñar? Los resultados del 5-30 nos notifican que la autonomía territorial, ambiental, política, educativa y cultural que esa mutación esperanzadora implicaba para los afrodescendientes puede ser reemplazada por los “viejos en acción”, entre otras personas, cuyas conciencias costaron “un guarito y un tamal”, y quienes llegaron a la U, no porque quisieron, sino porque les pagaron con dineros públicos. Quisimos negarnos a creer que la mendicidad institucionalizada mediante Familias en Acción garantizaba la perpetuación del voto a favor del horror. Sin embargo, estamos constatando que hubo una mayoría para la cual es válida la erosión definitiva de los sistemas ancestrales de producción y la poca seguridad alimentaria que aún dejan palmas aceiteras y minas de oro. El destierro de ese otro 50% de las comunidades negras que quedan en el litoral Pacífico se disimulará poniendo currulaos, jugas, chirimías y marimbas en fastuosos escenarios culturales, de esos que arrancan lágrimas de amor por la patria, en especial cuando el espectador está en Nueva York o en París.
En marzo de este año, la Directiva Presidencial Nº 1 dispuso que “si bien es cierto que la [la…] Consulta Previa en los casos previstos en los acuerdos internacionales es obligatoria, los Grupos Étnicos Nacionales, en ejercicio de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de proyectos”. En otras palabras, pueden decir no a la carretera que destruya sus patrimonios ambientales, pero el gobierno la hará de todos modos. De mantenerse esta tendencia electoral, no habrá reversazos de semejante aberración política.
Hace siete días, Semana presentaba el drama de la restitución de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó a los consejos comunitarios que recibieron los títulos colectivos originales. Como si la Corte Constitucional jamás hubiera emitido el Auto 005 de 2009, por el reiterado incumplimiento del Gobierno con respecto a la reparación de los afrocolombianos afectados por masacres y destierros, el presidente Uribe dijo que la “[…] comunidad [negra] ha visto que su defensor es el Gobierno […frente a] nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG […]”. Ante semejante cinismo y complicidad con los victimarios, uno sí se siente frustrado de que una cuarta parte de los electores haya claudicado en la consigna de “No roba, no miente, Antanas Presidente”.
No obstante el terror que inspira este porvenir, más tarde, cuando el Candidato Verde habló, resurgió esa esperanza que, por improbable, merece añorarse. Nunca dijo “yo haré”, sino que nosotros como ciudadanos defendamos ese 40% del territorio nacional que la Constitución del 91 sacó del mercado para salvaguardar la diversidad de culturas y formas de vida. Que todos nos involucremos en proyectos colectivos de “más cultura, más verde, más agua”, o de “menos corrupción, más educación”. La de los Verdes es la única propuesta que invita al deber conjunto. De ahí que atemorice a muchos, pero que rete a los añorantes por un país convocado por la sacralidad de la vida.
* Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional
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Jaime Arocha
Seguridad, legalidad y democracia | ELESPECTADOR.COM
Seguridad, legalidad y democracia | ELESPECTADOR.COM
Seguridad, legalidad y democracia
Por: Rodrigo Uprimny
“SI LAS PERSONAS FUERAN ÁNGELES, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno.
Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad es ésta: se debe primero dotar al gobierno de poderes suficientes para controlar a los gobernados; pero inmediatamente se debe obligar al gobierno a controlarse a sí mismo”.
Estas palabras, escritas en 1787 en El Federalista por uno de los padres de la Constitución estadounidense, James Madison, resultan de actualidad para Colombia, pues los colombianos no somos ángeles, como lo muestra la intensidad de nuestra violencia y nuestra delincuencia. Pero tampoco estamos gobernados por ángeles, como lo muestran los abusos gubernamentales de los últimos años.
La tesis de Madison es tan elemental como profunda: el temor a la violencia generalizada nos lleva a aceptar que el gobierno tenga el monopolio de la coacción y esté dotado de facultades considerables, con el fin de que las autoridades controlen los poderes privados y nos brinden seguridad. Y eso está bien, pues evita la guerra hobbesiana de todos contra todos. Pero no debemos olvidar nunca que los gobiernos, precisamente por los poderes que les otorgamos, se vuelven a su vez una enorme amenaza a nuestros derechos y a nuestra seguridad. Por ello es necesario que sean controlados. El principio de legalidad, la separación de poderes y la independencia judicial se tornan entonces centrales: la ley establece las reglas del ejercicio del poder gubernamental; los jueces aseguran que dichas reglas sean respetadas, para que nuestros derechos no sean vulnerados.
La intensidad de nuestra violencia y las atrocidades de las guerrillas han llevado a una gran mayoría de colombianos a adherir fuertemente en los últimos años a la primera recomendación de Madison; han estado dispuestos a otorgar enormes poderes y confianza al gobierno para que éste nos proteja frente a los poderes privados y la criminalidad.
Los buenos resultados del gobierno Uribe en seguridad y la persistencia del temor ciudadano frente a las guerrillas o a Chávez explican entonces, en gran parte, la popularidad del Presidente y la victoria en primera vuelta del candidato del continuismo. Pero pareciera que esos mismos colombianos no comprenden —o tal vez minimizan— la importancia de la segunda recomendación de Madison: la necesidad de controles legales efectivos.
Ahora bien, la ilegalidad durante estos últimos gobiernos ha llegado a niveles intolerables. No estamos hablando de abusos menores, sino de formas extendidas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos como, por sólo citar algunas, la “chuzada” y persecución masivas a magistrados y personas de la oposición, el escándalo de Agro Ingreso Seguro o los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos a sangre fría cometidos por miembros del Ejército.
No podemos cerrar los ojos frente a ilegalidades tan graves, con el argumento de que lo primero es la seguridad, pues paradójicamente incrementamos nuestra inseguridad. La seguridad sin legalidad no es nunca seguridad para todas y todos, sino para unos pocos, pues la población queda a merced de la arbitrariedad de las autoridades. Un gobierno sin límites y que no respete la legalidad es tan terrible para nuestra seguridad y nuestros derechos como unos poderes privados armados o delincuenciales sin control.
Si uno realmente está preocupado por la seguridad, tiene entonces que preocuparse también por la legalidad. Por ello, como sabemos que Colombia no será nunca gobernada por ángeles ni por santos (de los de verdad), debemos entonces defender con fuerza el imperio de la ley. Aún estamos a tiempo de hacerlo.
*
Rodrigo Uprimny
Seguridad, legalidad y democracia
Por: Rodrigo Uprimny
“SI LAS PERSONAS FUERAN ÁNGELES, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno.
Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad es ésta: se debe primero dotar al gobierno de poderes suficientes para controlar a los gobernados; pero inmediatamente se debe obligar al gobierno a controlarse a sí mismo”.
Estas palabras, escritas en 1787 en El Federalista por uno de los padres de la Constitución estadounidense, James Madison, resultan de actualidad para Colombia, pues los colombianos no somos ángeles, como lo muestra la intensidad de nuestra violencia y nuestra delincuencia. Pero tampoco estamos gobernados por ángeles, como lo muestran los abusos gubernamentales de los últimos años.
La tesis de Madison es tan elemental como profunda: el temor a la violencia generalizada nos lleva a aceptar que el gobierno tenga el monopolio de la coacción y esté dotado de facultades considerables, con el fin de que las autoridades controlen los poderes privados y nos brinden seguridad. Y eso está bien, pues evita la guerra hobbesiana de todos contra todos. Pero no debemos olvidar nunca que los gobiernos, precisamente por los poderes que les otorgamos, se vuelven a su vez una enorme amenaza a nuestros derechos y a nuestra seguridad. Por ello es necesario que sean controlados. El principio de legalidad, la separación de poderes y la independencia judicial se tornan entonces centrales: la ley establece las reglas del ejercicio del poder gubernamental; los jueces aseguran que dichas reglas sean respetadas, para que nuestros derechos no sean vulnerados.
La intensidad de nuestra violencia y las atrocidades de las guerrillas han llevado a una gran mayoría de colombianos a adherir fuertemente en los últimos años a la primera recomendación de Madison; han estado dispuestos a otorgar enormes poderes y confianza al gobierno para que éste nos proteja frente a los poderes privados y la criminalidad.
Los buenos resultados del gobierno Uribe en seguridad y la persistencia del temor ciudadano frente a las guerrillas o a Chávez explican entonces, en gran parte, la popularidad del Presidente y la victoria en primera vuelta del candidato del continuismo. Pero pareciera que esos mismos colombianos no comprenden —o tal vez minimizan— la importancia de la segunda recomendación de Madison: la necesidad de controles legales efectivos.
Ahora bien, la ilegalidad durante estos últimos gobiernos ha llegado a niveles intolerables. No estamos hablando de abusos menores, sino de formas extendidas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos como, por sólo citar algunas, la “chuzada” y persecución masivas a magistrados y personas de la oposición, el escándalo de Agro Ingreso Seguro o los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos a sangre fría cometidos por miembros del Ejército.
No podemos cerrar los ojos frente a ilegalidades tan graves, con el argumento de que lo primero es la seguridad, pues paradójicamente incrementamos nuestra inseguridad. La seguridad sin legalidad no es nunca seguridad para todas y todos, sino para unos pocos, pues la población queda a merced de la arbitrariedad de las autoridades. Un gobierno sin límites y que no respete la legalidad es tan terrible para nuestra seguridad y nuestros derechos como unos poderes privados armados o delincuenciales sin control.
Si uno realmente está preocupado por la seguridad, tiene entonces que preocuparse también por la legalidad. Por ello, como sabemos que Colombia no será nunca gobernada por ángeles ni por santos (de los de verdad), debemos entonces defender con fuerza el imperio de la ley. Aún estamos a tiempo de hacerlo.
*
Rodrigo Uprimny
domingo, 6 de junio de 2010
Re-regulación financiera y democracia | ELESPECTADOR.COM
Re-regulación financiera y democracia | ELESPECTADOR.COM
Por: Joseph E. Stiglitz
HAN PASADO CASI DOS AÑOS DESDE el colapso de Lehman Brothers y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.
Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy —y que probablemente siga enfrentando durante años— es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficaces ni estables.
Sin embargo, la batalla —y hasta la victoria— han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores —ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales— no se ha hecho cargo de sus fracasos.
Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Fed, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.
Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual —delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles— no será suficiente.
Y eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales y al mismo tiempo socavar la economía e imponerles cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.
Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs —apostar contra productos que la propia empresa creaba— fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios”, mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.
Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobbistas del sector financiero han trabajado arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.
Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas propias —gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficaz—.
Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las bolsas y las cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito —una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos—.
Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas —todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico—. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.
No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficaces, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.
La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed —que es importante para que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos— revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.
Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.
La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Fed, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales y las fuerzas democráticas sobre los lobbistas adinerados.
Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia —y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa—.
* Premio Nobel de Economía 2001.© Project Syndicate 1995–2010.
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Joseph E. Stiglitz
Por: Joseph E. Stiglitz
HAN PASADO CASI DOS AÑOS DESDE el colapso de Lehman Brothers y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.
Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy —y que probablemente siga enfrentando durante años— es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficaces ni estables.
Sin embargo, la batalla —y hasta la victoria— han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores —ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales— no se ha hecho cargo de sus fracasos.
Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Fed, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.
Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual —delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles— no será suficiente.
Y eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales y al mismo tiempo socavar la economía e imponerles cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.
Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs —apostar contra productos que la propia empresa creaba— fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios”, mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.
Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobbistas del sector financiero han trabajado arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.
Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas propias —gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficaz—.
Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las bolsas y las cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito —una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos—.
Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas —todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico—. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.
No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficaces, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.
La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed —que es importante para que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos— revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.
Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.
La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Fed, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales y las fuerzas democráticas sobre los lobbistas adinerados.
Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia —y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa—.
* Premio Nobel de Economía 2001.© Project Syndicate 1995–2010.
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Joseph E. Stiglitz
Lo absurdo de boicotear a los académicos israelíes | ELESPECTADOR.COM
Lo absurdo de boicotear a los académicos israelíes
Por: Umberto Eco
EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes...
EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes, en protesta por las políticas del primer ministro israelí Ariel Sharon. Mona Baker, editora de The Translator, había sido una firmante de la carta abierta anunciando el boicot; poco después, ella invitó a dos académicos israelíes del consejo editorial a que presentaran su renuncia. Los intelectuales en cuestión, la doctora Miriam Shlesinger y el doctor Gideon Toury, estaban en contra de las políticas de Sharon, pero esto no hizo diferencia alguna para Baker.
En mi crítica, observé dos cosas: una, que es necesario hacer una distinción entre las políticas gubernamentales de un país (o incluso su Constitución) y el fermento cultural que está actuando dentro de él. Segundo, señalé implícitamente que hacer responsables a todos los ciudadanos de un país por las políticas de su gobierno era una forma de racismo. No hay diferencia entre aquellos que manchan así a todos los israelíes y quienes mantienen que, dado que algunos palestinos cometen actos de terrorismo, deberíamos bombardear a todos los palestinos.
Recientemente, en Turín apareció una carta abierta bajo el patrocinio de la rama italiana de la Campaña para el Boicot Académico y Cultural de Israel, una red de académicos y organizaciones que trabajan para obligar a un cambio de las políticas israelíes mediante el boicot de las instituciones israelíes. Este documento, orientado a censurar al gobierno de Israel por sus políticas, incluye esta declaración: “las universidades y los académicos israelíes han apoyado totalmente y apoyan a su gobierno y, como tal, son cómplices de sus políticas. Las universidades israelíes también son los lugares donde se llevan a cabo parte de los proyectos de investigación más importantes sobre armas nuevas basadas en nanotecnología y sistemas tecnológicos y sicológicos para controlar y oprimir a la población civil”.
En la carta, una especie de manifiesto, estos académicos exhortan a la gente a abstenerse de tomar parte en cualquier forma de cooperación académica y cultural, incluyendo la colaboración con instituciones israelíes. También sugieren suspender todas las formas de financiamiento y subsidios.
Si bien estoy en completo desacuerdo con las políticas del gobierno israelí, es una mentira declarar, como lo han hecho en su carta los boicotistas italianos, que las universidades y académicos israelíes “casi totalmente” apoyan al gobierno de su país: muchos intelectuales israelíes siguen argumentando vigorosamente contra las políticas de su gobierno. Por ejemplo, el Call for Reason (o JCall) judío europeo produjo recientemente un exhorto contra la expansión de los asentamientos israelíes, firmado por un gran número de intelectuales judíos europeos. Causó revuelo, demostrando que el debate persiste tanto dentro como fuera de Israel.
Además, esto es ilógico. ¿Por qué debe ser tal boicot tan amplio? ¿Deberíamos boicotear a los filósofos chinos para que no asistan a las conferencias porque Pekín ha censurado a Google? Si los físicos en Teherán o Pyongyang estuvieran colaborando activamente en la fabricación de armas atómicas para sus países, entonces sería comprensible que sus iguales en Roma u Oxford prefirieran romper todas las relaciones institucionales con ellos. Pero no veo por qué desearían romper relaciones con académicos que trabajan en campos no relacionados: todos perderíamos el diálogo acerca de la historia del arte coreano o de la literatura persa antigua.
Mi amigo, el filósofo Gianni Vattino, está entre los partidarios del llamado más reciente a un boicot. Veamos hipotéticamente, por diversión, si él estaría de acuerdo: supongamos que en ciertos países extranjeros circulan rumores de que la administración italiana de Berlusconi está tratando de socavar el principio sagrado democrático de la separación de poderes al deslegitimar el sistema judicial —y que lo está haciendo con el apoyo de un partido político racista y xenofóbico—. ¿Le agradaría a Vattino, quien es un crítico del gobierno, que las universidades estadounidenses protestaran contra las políticas italianas no invitándolo a él a ser un profesor visitante, o que comités especiales adoptaran medidas para remover todas sus publicaciones de las bibliotecas de Estados Unidos? Creo que proclamaría injusticia y que sentiría que esas acciones eran equivalentes a culpar a todos los judíos de deicidio porque el Sanedrín estaba de mal humor el Viernes Santo.
Nadie aceptaría que todos los rumanos son violadores, todos los curas pedófilos y todos los académicos de Heidegger nazis. Igualmente, ninguna postura política o polémica contra el gobierno debe condenar a toda una raza o cultura. Este principio es particularmente importante en el mundo literario, donde la solidaridad global entre académicos, artistas y escritores siempre ha sido una forma de defender los derechos humanos a través de todas las fronteras.
* Novelista y semiólogo italiano.
*
Umberto Eco
Por: Umberto Eco
EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes...
EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes, en protesta por las políticas del primer ministro israelí Ariel Sharon. Mona Baker, editora de The Translator, había sido una firmante de la carta abierta anunciando el boicot; poco después, ella invitó a dos académicos israelíes del consejo editorial a que presentaran su renuncia. Los intelectuales en cuestión, la doctora Miriam Shlesinger y el doctor Gideon Toury, estaban en contra de las políticas de Sharon, pero esto no hizo diferencia alguna para Baker.
En mi crítica, observé dos cosas: una, que es necesario hacer una distinción entre las políticas gubernamentales de un país (o incluso su Constitución) y el fermento cultural que está actuando dentro de él. Segundo, señalé implícitamente que hacer responsables a todos los ciudadanos de un país por las políticas de su gobierno era una forma de racismo. No hay diferencia entre aquellos que manchan así a todos los israelíes y quienes mantienen que, dado que algunos palestinos cometen actos de terrorismo, deberíamos bombardear a todos los palestinos.
Recientemente, en Turín apareció una carta abierta bajo el patrocinio de la rama italiana de la Campaña para el Boicot Académico y Cultural de Israel, una red de académicos y organizaciones que trabajan para obligar a un cambio de las políticas israelíes mediante el boicot de las instituciones israelíes. Este documento, orientado a censurar al gobierno de Israel por sus políticas, incluye esta declaración: “las universidades y los académicos israelíes han apoyado totalmente y apoyan a su gobierno y, como tal, son cómplices de sus políticas. Las universidades israelíes también son los lugares donde se llevan a cabo parte de los proyectos de investigación más importantes sobre armas nuevas basadas en nanotecnología y sistemas tecnológicos y sicológicos para controlar y oprimir a la población civil”.
En la carta, una especie de manifiesto, estos académicos exhortan a la gente a abstenerse de tomar parte en cualquier forma de cooperación académica y cultural, incluyendo la colaboración con instituciones israelíes. También sugieren suspender todas las formas de financiamiento y subsidios.
Si bien estoy en completo desacuerdo con las políticas del gobierno israelí, es una mentira declarar, como lo han hecho en su carta los boicotistas italianos, que las universidades y académicos israelíes “casi totalmente” apoyan al gobierno de su país: muchos intelectuales israelíes siguen argumentando vigorosamente contra las políticas de su gobierno. Por ejemplo, el Call for Reason (o JCall) judío europeo produjo recientemente un exhorto contra la expansión de los asentamientos israelíes, firmado por un gran número de intelectuales judíos europeos. Causó revuelo, demostrando que el debate persiste tanto dentro como fuera de Israel.
Además, esto es ilógico. ¿Por qué debe ser tal boicot tan amplio? ¿Deberíamos boicotear a los filósofos chinos para que no asistan a las conferencias porque Pekín ha censurado a Google? Si los físicos en Teherán o Pyongyang estuvieran colaborando activamente en la fabricación de armas atómicas para sus países, entonces sería comprensible que sus iguales en Roma u Oxford prefirieran romper todas las relaciones institucionales con ellos. Pero no veo por qué desearían romper relaciones con académicos que trabajan en campos no relacionados: todos perderíamos el diálogo acerca de la historia del arte coreano o de la literatura persa antigua.
Mi amigo, el filósofo Gianni Vattino, está entre los partidarios del llamado más reciente a un boicot. Veamos hipotéticamente, por diversión, si él estaría de acuerdo: supongamos que en ciertos países extranjeros circulan rumores de que la administración italiana de Berlusconi está tratando de socavar el principio sagrado democrático de la separación de poderes al deslegitimar el sistema judicial —y que lo está haciendo con el apoyo de un partido político racista y xenofóbico—. ¿Le agradaría a Vattino, quien es un crítico del gobierno, que las universidades estadounidenses protestaran contra las políticas italianas no invitándolo a él a ser un profesor visitante, o que comités especiales adoptaran medidas para remover todas sus publicaciones de las bibliotecas de Estados Unidos? Creo que proclamaría injusticia y que sentiría que esas acciones eran equivalentes a culpar a todos los judíos de deicidio porque el Sanedrín estaba de mal humor el Viernes Santo.
Nadie aceptaría que todos los rumanos son violadores, todos los curas pedófilos y todos los académicos de Heidegger nazis. Igualmente, ninguna postura política o polémica contra el gobierno debe condenar a toda una raza o cultura. Este principio es particularmente importante en el mundo literario, donde la solidaridad global entre académicos, artistas y escritores siempre ha sido una forma de defender los derechos humanos a través de todas las fronteras.
* Novelista y semiólogo italiano.
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