El problema de las armas en Colombia | ELESPECTADOR.COM:
Por: Elespectador.com
SEGÚN MEDICINA LEGAL, EN 2009 fueron asesinadas 17.717 personas, 13.851 de ellas con un arma de fuego.
El año pasado, aunque todavía no están consolidadas, las cifras mostraron un desempeño semejante. De hecho, desde 2005 se habla de más o menos 17 mil homicidios por año y de un 70% de éstos cometidos por armas de fuego. Las escandalosas cifras —la tasa de homicidios en Colombia es ocho veces más alta que el promedio mundial—, sumadas a las noticias decembrinas sobre balas perdidas y demás crímenes incrementados en tiempos festivos, traen consigo un debate obligado: ¿Debería prohibirse el porte de armas en Colombia? Tristemente, más allá del impacto público de las recientes desgracias, está la sombra de una difícil realidad: el problema con las armas en Colombia no tiene que ver realmente con la convivencia social como en EE.UU., ni con la “cultura mafiosa” como en México o Centro América. Según lo asegura la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el uso de las armas en Colombia es mayoritariamente profesional y, de ahí, predominantemente letal.
Esto no quiere decir, por supuesto, que el uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de particulares, por ser menor, no deba controlarse. Estaría bien discutir, si bien no la prohibición de la tenencia, por lo menos sí la del porte. Finalmente, los ciudadanos no tienen derecho a poner en peligro la vida de los demás disparando en público, hecho que implica todas las veces un riesgo y debería ser asumido sólo por los profesionales de la Policía, su entrenamiento y sus protocolos. Esta restricción es una idea que las autoridades deberían considerar, al tiempo que deberían también revisar la posibilidad de que sea la Policía Nacional, y no una oficina del Ministerio de Defensa, la que otorgue los salvoconductos. La tenencia de armas cortas no es un problema de soberanía nacional y la Policía sí debe ser la institución encargada de relacionarse directamente con la ciudadanía, en últimas, porque es la que responde por su conducta.
No obstante, esta solución, si bien salvaría varias vidas, no reduciría de manera significativa el número de homicidios en el país, pues, nuevamente, más del 90% del uso letal de las armas de fuego obedece a situaciones muy específicas del ejercicio profesional de la violencia. No es para menos: después de más de cinco décadas de un conflicto entrelazado con el problema estructural de narcotráfico y bandas delictivas altamente calificadas, es de esperarse que las armas lleguen a quienes las saben usar y estén prontos a hacerlo. El problema grave es, por ello, no el porte legal de armas por particulares, sino el uso profesional que es abastecido por el tráfico ilegal. Tráfico que ha mermado con la presión del Estado sobre el narcotráfico, pero que sigue siendo la constante en las fronteras.
Se estima que en Colombia hay de tres a cuatro armas ilegales, por cada arma legal. Esto significa que, si las armas legales son 1 millón 280 mil, estaríamos bajo el problema de alrededor de 4 millones 480 mil armas de fuego ilegales, la inmensa mayoría provenientes del tráfico negro en las fronteras. Muchas entran por Buenaventura y Turbo, pero muchas otras en cargamentos pequeñísimos de 15 a 20 armas a lo largo del territorio. Este tráfico “hormiga”, que multiplicado por miles explica el tamaño del mercado negro, debe ser atacado con radicalidad. Es necesario investigar no sólo los grandes casos, sino también los más pequeños y, más aún, continuar e intensificar los canales de presión internacional. Sin embargo, y como bien lo resalta la Fundación Ideas para la Paz, es necesario que la sociedad civil se apropie del problema del tráfico ilegal y también asuma como propia la tarea de generar la información necesaria para que los hacedores de política tomen decisiones. Es tarea de la veeduría privada contribuir a entender y dimensionar el problema que significa el tráfico ilegal de armas. La responsabilidad de los problemas del país no puede ser sólo del Estado.
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