Nuevas reglas - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM:
"Supongamos que los principales estrategas políticos del mundo se volvieran a reunir en Bretton Woods (New Hampshire) para diseñar un nuevo orden económico global. Naturalmente, estarían preocupados por los problemas de hoy: crisis de la eurozona, recuperación global, regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos internacionales y demás. Pero abordar estas cuestiones exigiría que los líderes reunidos se elevaran por encima de ellas y consideraran la solidez de los acuerdos económicos globales en general.
He aquí siete principios lógicos de gobernancia económica global sobre los que podrían llegar a un acuerdo.
1. Los mercados deben estar profundamente incorporados a los sistemas de gobernancia. La idea de que los mercados se autorregulan recibió un golpe mortal en la reciente crisis financiera y se la debería enterrar de una vez por todas. Los mercados requieren que otras instituciones sociales los respalden. Se basan en tribunales, marcos legales y reguladores para establecer e implementar reglas. Dependen de funciones estabilizadoras que ofrecen los bancos centrales y la política fiscal contracíclica. Necesitan el compromiso político que la tributación redistributiva, las redes de seguridad y el seguro social ayudan a generar. Y todo esto es válido también para los mercados globales.
2. Para el futuro previsible, la gobernancia democrática quizá se organice básicamente dentro de comunidades políticas nacionales. El estado nacional vive, si no del todo bien, y sigue siendo esencialmente la mejor alternativa. La búsqueda de gobernancia global es algo absurdo. Es improbable que los gobiernos nacionales cedan un control significativo a instituciones trasnacionales, y las reglas armonizadoras no beneficiarían a sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea puede ser la única excepción para este axioma.
3. Prosperidad pluralista. Reconocer que la infraestructura institucional de la economía global debe construirse a nivel nacional libera a los países para desarrollar las instituciones que más les convienen.
4. Los países tienen derecho a proteger sus propias regulaciones e instituciones. El reconocimiento de la diversidad institucional no tendría sentido si los países no tuvieran los instrumentos a su disposición para forjar y mantener a sus instituciones.
5. Los países no tienen derecho a imponerles sus instituciones a los demás. Utilizar restricciones al comercio o a las finanzas transfronterizos para defender valores y regulaciones en casa es muy diferente de usarlas para imponer esos valores y regulaciones a otros países. Los países tienen derecho a la diferencia, no a una convergencia impuesta.
6. Los acuerdos económicos internacionales deben establecer reglas para administrar la interacción entre instituciones nacionales. Basarse en los Estados nacionales para que proporcionen las funciones de gobernancia esenciales de la economía mundial no implica que se deba abandonar las reglas internacionales. Lo que necesitamos son reglas de tráfico para la economía global que ayuden a los vehículos de diferente tamaño, forma y velocidad a navegar uno junto al otro, en lugar de imponer un auto idéntico o un límite de velocidad uniforme.
7. Los países no democráticos no pueden contar con los mismos derechos y privilegios en el orden económico internacional que las democracias. Lo que les da atractivo y legitimidad a los principios previos es que se basan en una deliberación democrática. Cuando los Estados no son democráticos, este andamiaje colapsa. De modo que las no democracias deben actuar con reglas diferentes, menos permisivas.
Estos son los principios que los arquitectos del próximo orden económico global deben aceptar. Más aún, deben comprender la máxima paradoja que cada uno de estos principios resalta: la globalización funciona mejor cuando no se la empuja demasiado lejos.
CAMBRIDGE.
Dani Rodrik
Profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Copyright: Project Syndicate
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lunes, 17 de enero de 2011
domingo, 16 de enero de 2011
Editorial: Dos años para enmendar - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM
Editorial: Dos años para enmendar - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM:
"A mediados de la próxima semana se cumplirán dos años de la toma de juramento de Barack Hussein Obama como el presidente número 44 de la historia de Estados Unidos. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde ese entonces y no toda en la dirección correcta. Así, el desgaste ha sido inevitable para un mandatario cuya elección constituyó un hito, tanto por su raza como por su origen pluriétnico, que incluyó el haber nacido en Hawái de una madre blanca y norteamericana y un padre negro oriundo de Kenia, para luego vivir casi un lustro en Indonesia.
El haber roto con todos los moldes previos le ha hecho difícil ganarse la confianza de una porción importante de la ciudadanía, que todavía lo considera demasiado foráneo. Pero quizás el inconveniente más grande que ha tenido el ex senador por el estado de Illinois es su dificultad para traducir en hechos reales las promesas realizadas durante la campaña que lo condujo a la Casa Blanca. De manera que la esperanza que supo transmitir en su momento y que llevó a millones de personas a entregarle los destinos del coloso del norte sigue sin concretarse.
En su favor hay que recordar que los obstáculos que ha enfrentado son formidables. Para comenzar, Obama recibió de su antecesor, George W. Bush, una pavorosa crisis económica, que puso en serios problemas a decenas de países, lo cual requirió la toma de medidas de emergencia para contener la hemorragia. La posibilidad de un cataclismo, que era real en el 2009, hoy se ve cada día más lejana, así unas cuantas naciones europeas sigan en medio de problemas serios.
Además, el presidente estadounidense encontró dos guerras perdidas -en Irak y Afganistán- sin una estrategia de salida clara y con un cuantioso desangre, tanto en términos de recursos como de vidas humanas. Manejar la debacle no ha sido fácil, si bien en el caso del Golfo Pérsico hay un programa de retiro de tropas en marcha. No obstante, la lucha contra los talibanes promete ser más larga y costosa de lo que se prevé, con escasas posibilidades de una victoria.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el clima interno en Estados Unidos no es precisamente el mejor. Aparte de las sombras que acompañan una tasa de desempleo superior al 9 por ciento, existe una preocupante polarización, estimulada por los sectores radicales de derecha, que plantea serias inquietudes respecto al futuro de una sociedad que tuvo en la tolerancia y el respeto por los demás una de sus principales cualidades. Episodios como el de la trágica balacera de la semana pasada en Arizona, que dejó 6 muertos y 14 heridos, entre estos la congresista demócrata Gabrielle Giffords, han abierto interrogantes sobre el futuro, para los cuales no hay respuestas fáciles.
Uno de ellos es, precisamente, el de la manera de desarmar no solo los espíritus, algo que no es nada fácil en un país en el que sus habitantes son dueños de más de 300 millones de armas de fuego, en ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente. Otro es el de moderar el volumen de la confrontación política y lograr consensos entre las bancadas demócrata y republicana. Quienes ven posible un resurgir de Obama creen que su mensaje de unidad acabará triunfando, por lo menos en la calma chicha previa al comienzo de la campaña presidencial del 2012.
Por tal motivo, es prematuro decir que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene los días contados en el cargo. En la medida en que la economía mejore, como lo ha hecho levemente en los últimos meses, sus posibilidades de quedarse en la Presidencia subirán. También será determinante el manejo de los problemas nacionales, al igual que la recomposición efectiva de su equipo cercano, la cual ya tuvo lugar. Hace unos días, las encuestas mostraron que su nivel de aprobación había vuelto a pasar del 50 por ciento, algo que ayuda a recuperar su margen de maniobra.
La posibilidad de que el mandatario tome un segundo aire es vista más con indiferencia que con esperanza en América Latina. Y es que, tal como ocurrió con su predecesor, el mensaje que ha quedado claro en esta parte del continente es que la región no se encuentra dentro de las prioridades de Washington. Sin desconocer las giras o los acercamientos ocasionales de la Secretaria de Estado, lo que hay para mostrar es poco.
Es cierto que, frente al antagonismo de la era Bush, las cosas han cambiado, pero la desilusión sobre lo que pudo ser y no fue es grande. Adicionalmente, los funcionarios designados para seguir los asuntos del 'patio trasero' norteamericano se destacan por su mediocridad y la pobreza de sus planteamientos. Debido a ello, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, pasando por Brasilia o Lima, el énfasis está en tender puentes con el otro lado del Pacífico, pues cada vez los destinos de las naciones de ambos lados de ese océano están atados por eslabones más fuertes.
Episodios como el maltrato dado a Colombia y Panamá en relación con los respectivos tratados de libre comercio, que siguen en el limbo, han reiterado la impresión de que Latinoamérica tiene que buscar a sus mejores amigos en otras latitudes. Ignorar esa situación sería un error garrafal y estratégico para Barack Obama, quien todavía tiene dos años para enmendar una plana en la que sobresalen, en la región, más los errores que los aciertos.
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"A mediados de la próxima semana se cumplirán dos años de la toma de juramento de Barack Hussein Obama como el presidente número 44 de la historia de Estados Unidos. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde ese entonces y no toda en la dirección correcta. Así, el desgaste ha sido inevitable para un mandatario cuya elección constituyó un hito, tanto por su raza como por su origen pluriétnico, que incluyó el haber nacido en Hawái de una madre blanca y norteamericana y un padre negro oriundo de Kenia, para luego vivir casi un lustro en Indonesia.
El haber roto con todos los moldes previos le ha hecho difícil ganarse la confianza de una porción importante de la ciudadanía, que todavía lo considera demasiado foráneo. Pero quizás el inconveniente más grande que ha tenido el ex senador por el estado de Illinois es su dificultad para traducir en hechos reales las promesas realizadas durante la campaña que lo condujo a la Casa Blanca. De manera que la esperanza que supo transmitir en su momento y que llevó a millones de personas a entregarle los destinos del coloso del norte sigue sin concretarse.
En su favor hay que recordar que los obstáculos que ha enfrentado son formidables. Para comenzar, Obama recibió de su antecesor, George W. Bush, una pavorosa crisis económica, que puso en serios problemas a decenas de países, lo cual requirió la toma de medidas de emergencia para contener la hemorragia. La posibilidad de un cataclismo, que era real en el 2009, hoy se ve cada día más lejana, así unas cuantas naciones europeas sigan en medio de problemas serios.
Además, el presidente estadounidense encontró dos guerras perdidas -en Irak y Afganistán- sin una estrategia de salida clara y con un cuantioso desangre, tanto en términos de recursos como de vidas humanas. Manejar la debacle no ha sido fácil, si bien en el caso del Golfo Pérsico hay un programa de retiro de tropas en marcha. No obstante, la lucha contra los talibanes promete ser más larga y costosa de lo que se prevé, con escasas posibilidades de una victoria.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el clima interno en Estados Unidos no es precisamente el mejor. Aparte de las sombras que acompañan una tasa de desempleo superior al 9 por ciento, existe una preocupante polarización, estimulada por los sectores radicales de derecha, que plantea serias inquietudes respecto al futuro de una sociedad que tuvo en la tolerancia y el respeto por los demás una de sus principales cualidades. Episodios como el de la trágica balacera de la semana pasada en Arizona, que dejó 6 muertos y 14 heridos, entre estos la congresista demócrata Gabrielle Giffords, han abierto interrogantes sobre el futuro, para los cuales no hay respuestas fáciles.
Uno de ellos es, precisamente, el de la manera de desarmar no solo los espíritus, algo que no es nada fácil en un país en el que sus habitantes son dueños de más de 300 millones de armas de fuego, en ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente. Otro es el de moderar el volumen de la confrontación política y lograr consensos entre las bancadas demócrata y republicana. Quienes ven posible un resurgir de Obama creen que su mensaje de unidad acabará triunfando, por lo menos en la calma chicha previa al comienzo de la campaña presidencial del 2012.
Por tal motivo, es prematuro decir que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene los días contados en el cargo. En la medida en que la economía mejore, como lo ha hecho levemente en los últimos meses, sus posibilidades de quedarse en la Presidencia subirán. También será determinante el manejo de los problemas nacionales, al igual que la recomposición efectiva de su equipo cercano, la cual ya tuvo lugar. Hace unos días, las encuestas mostraron que su nivel de aprobación había vuelto a pasar del 50 por ciento, algo que ayuda a recuperar su margen de maniobra.
La posibilidad de que el mandatario tome un segundo aire es vista más con indiferencia que con esperanza en América Latina. Y es que, tal como ocurrió con su predecesor, el mensaje que ha quedado claro en esta parte del continente es que la región no se encuentra dentro de las prioridades de Washington. Sin desconocer las giras o los acercamientos ocasionales de la Secretaria de Estado, lo que hay para mostrar es poco.
Es cierto que, frente al antagonismo de la era Bush, las cosas han cambiado, pero la desilusión sobre lo que pudo ser y no fue es grande. Adicionalmente, los funcionarios designados para seguir los asuntos del 'patio trasero' norteamericano se destacan por su mediocridad y la pobreza de sus planteamientos. Debido a ello, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, pasando por Brasilia o Lima, el énfasis está en tender puentes con el otro lado del Pacífico, pues cada vez los destinos de las naciones de ambos lados de ese océano están atados por eslabones más fuertes.
Episodios como el maltrato dado a Colombia y Panamá en relación con los respectivos tratados de libre comercio, que siguen en el limbo, han reiterado la impresión de que Latinoamérica tiene que buscar a sus mejores amigos en otras latitudes. Ignorar esa situación sería un error garrafal y estratégico para Barack Obama, quien todavía tiene dos años para enmendar una plana en la que sobresalen, en la región, más los errores que los aciertos.
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El problema de las armas en Colombia | ELESPECTADOR.COM
El problema de las armas en Colombia | ELESPECTADOR.COM:
Por: Elespectador.com
SEGÚN MEDICINA LEGAL, EN 2009 fueron asesinadas 17.717 personas, 13.851 de ellas con un arma de fuego.
El año pasado, aunque todavía no están consolidadas, las cifras mostraron un desempeño semejante. De hecho, desde 2005 se habla de más o menos 17 mil homicidios por año y de un 70% de éstos cometidos por armas de fuego. Las escandalosas cifras —la tasa de homicidios en Colombia es ocho veces más alta que el promedio mundial—, sumadas a las noticias decembrinas sobre balas perdidas y demás crímenes incrementados en tiempos festivos, traen consigo un debate obligado: ¿Debería prohibirse el porte de armas en Colombia? Tristemente, más allá del impacto público de las recientes desgracias, está la sombra de una difícil realidad: el problema con las armas en Colombia no tiene que ver realmente con la convivencia social como en EE.UU., ni con la “cultura mafiosa” como en México o Centro América. Según lo asegura la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el uso de las armas en Colombia es mayoritariamente profesional y, de ahí, predominantemente letal.
Esto no quiere decir, por supuesto, que el uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de particulares, por ser menor, no deba controlarse. Estaría bien discutir, si bien no la prohibición de la tenencia, por lo menos sí la del porte. Finalmente, los ciudadanos no tienen derecho a poner en peligro la vida de los demás disparando en público, hecho que implica todas las veces un riesgo y debería ser asumido sólo por los profesionales de la Policía, su entrenamiento y sus protocolos. Esta restricción es una idea que las autoridades deberían considerar, al tiempo que deberían también revisar la posibilidad de que sea la Policía Nacional, y no una oficina del Ministerio de Defensa, la que otorgue los salvoconductos. La tenencia de armas cortas no es un problema de soberanía nacional y la Policía sí debe ser la institución encargada de relacionarse directamente con la ciudadanía, en últimas, porque es la que responde por su conducta.
No obstante, esta solución, si bien salvaría varias vidas, no reduciría de manera significativa el número de homicidios en el país, pues, nuevamente, más del 90% del uso letal de las armas de fuego obedece a situaciones muy específicas del ejercicio profesional de la violencia. No es para menos: después de más de cinco décadas de un conflicto entrelazado con el problema estructural de narcotráfico y bandas delictivas altamente calificadas, es de esperarse que las armas lleguen a quienes las saben usar y estén prontos a hacerlo. El problema grave es, por ello, no el porte legal de armas por particulares, sino el uso profesional que es abastecido por el tráfico ilegal. Tráfico que ha mermado con la presión del Estado sobre el narcotráfico, pero que sigue siendo la constante en las fronteras.
Se estima que en Colombia hay de tres a cuatro armas ilegales, por cada arma legal. Esto significa que, si las armas legales son 1 millón 280 mil, estaríamos bajo el problema de alrededor de 4 millones 480 mil armas de fuego ilegales, la inmensa mayoría provenientes del tráfico negro en las fronteras. Muchas entran por Buenaventura y Turbo, pero muchas otras en cargamentos pequeñísimos de 15 a 20 armas a lo largo del territorio. Este tráfico “hormiga”, que multiplicado por miles explica el tamaño del mercado negro, debe ser atacado con radicalidad. Es necesario investigar no sólo los grandes casos, sino también los más pequeños y, más aún, continuar e intensificar los canales de presión internacional. Sin embargo, y como bien lo resalta la Fundación Ideas para la Paz, es necesario que la sociedad civil se apropie del problema del tráfico ilegal y también asuma como propia la tarea de generar la información necesaria para que los hacedores de política tomen decisiones. Es tarea de la veeduría privada contribuir a entender y dimensionar el problema que significa el tráfico ilegal de armas. La responsabilidad de los problemas del país no puede ser sólo del Estado.
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Por: Elespectador.com
SEGÚN MEDICINA LEGAL, EN 2009 fueron asesinadas 17.717 personas, 13.851 de ellas con un arma de fuego.
El año pasado, aunque todavía no están consolidadas, las cifras mostraron un desempeño semejante. De hecho, desde 2005 se habla de más o menos 17 mil homicidios por año y de un 70% de éstos cometidos por armas de fuego. Las escandalosas cifras —la tasa de homicidios en Colombia es ocho veces más alta que el promedio mundial—, sumadas a las noticias decembrinas sobre balas perdidas y demás crímenes incrementados en tiempos festivos, traen consigo un debate obligado: ¿Debería prohibirse el porte de armas en Colombia? Tristemente, más allá del impacto público de las recientes desgracias, está la sombra de una difícil realidad: el problema con las armas en Colombia no tiene que ver realmente con la convivencia social como en EE.UU., ni con la “cultura mafiosa” como en México o Centro América. Según lo asegura la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el uso de las armas en Colombia es mayoritariamente profesional y, de ahí, predominantemente letal.
Esto no quiere decir, por supuesto, que el uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de particulares, por ser menor, no deba controlarse. Estaría bien discutir, si bien no la prohibición de la tenencia, por lo menos sí la del porte. Finalmente, los ciudadanos no tienen derecho a poner en peligro la vida de los demás disparando en público, hecho que implica todas las veces un riesgo y debería ser asumido sólo por los profesionales de la Policía, su entrenamiento y sus protocolos. Esta restricción es una idea que las autoridades deberían considerar, al tiempo que deberían también revisar la posibilidad de que sea la Policía Nacional, y no una oficina del Ministerio de Defensa, la que otorgue los salvoconductos. La tenencia de armas cortas no es un problema de soberanía nacional y la Policía sí debe ser la institución encargada de relacionarse directamente con la ciudadanía, en últimas, porque es la que responde por su conducta.
No obstante, esta solución, si bien salvaría varias vidas, no reduciría de manera significativa el número de homicidios en el país, pues, nuevamente, más del 90% del uso letal de las armas de fuego obedece a situaciones muy específicas del ejercicio profesional de la violencia. No es para menos: después de más de cinco décadas de un conflicto entrelazado con el problema estructural de narcotráfico y bandas delictivas altamente calificadas, es de esperarse que las armas lleguen a quienes las saben usar y estén prontos a hacerlo. El problema grave es, por ello, no el porte legal de armas por particulares, sino el uso profesional que es abastecido por el tráfico ilegal. Tráfico que ha mermado con la presión del Estado sobre el narcotráfico, pero que sigue siendo la constante en las fronteras.
Se estima que en Colombia hay de tres a cuatro armas ilegales, por cada arma legal. Esto significa que, si las armas legales son 1 millón 280 mil, estaríamos bajo el problema de alrededor de 4 millones 480 mil armas de fuego ilegales, la inmensa mayoría provenientes del tráfico negro en las fronteras. Muchas entran por Buenaventura y Turbo, pero muchas otras en cargamentos pequeñísimos de 15 a 20 armas a lo largo del territorio. Este tráfico “hormiga”, que multiplicado por miles explica el tamaño del mercado negro, debe ser atacado con radicalidad. Es necesario investigar no sólo los grandes casos, sino también los más pequeños y, más aún, continuar e intensificar los canales de presión internacional. Sin embargo, y como bien lo resalta la Fundación Ideas para la Paz, es necesario que la sociedad civil se apropie del problema del tráfico ilegal y también asuma como propia la tarea de generar la información necesaria para que los hacedores de política tomen decisiones. Es tarea de la veeduría privada contribuir a entender y dimensionar el problema que significa el tráfico ilegal de armas. La responsabilidad de los problemas del país no puede ser sólo del Estado.
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La inconstitucionalidad de la reelección según Álvaro Uribe | ELESPECTADOR.COM
La inconstitucionalidad de la reelección según Álvaro Uribe | ELESPECTADOR.COM:
Por: Rodrigo Uprimny
LAS CONFESIONES DE LA EX CONGRESISTA Yidis Medina han puesto en seria duda la legitimidad de la reforma que estableció la reelección, pues hoy es claro que varios votos decisivos fueron obtenidos gracias a prebendas ofrecidas por el Gobierno.
Sin embargo, algunos columnistas cercanos al Gobierno, como Alfredo Rangel, consideran que se trata de un problema menor, porque en las democracias sería legítimo que el Ejecutivo use sus recursos de poder, como las inversiones o la asignación de cargos, para lograr apoyo a sus iniciativas en el Congreso.
La ironía del asunto es que esa visión de Rangel en 2008 ya fue refutada en 2001 en un juicioso estudio constitucional hecho por… Álvaro Uribe.
La historia es la siguiente: en 2001, el candidato presidencial Álvaro Uribe demandó ante la Corte Constitucional la ley de presupuesto, por considerar que ésta incluía ciertas partidas que eran auxilios parlamentarios disfrazados. Se trataba de dineros que, con el visto bueno del Gobierno, podían ser usados por los congresistas para el desarrollo de sus regiones. Y eso, argumentaba Uribe, era inconstitucional, entre otras cosas porque ese tipo de auxilios amenazaba la independencia del Congreso frente al Gobierno, por ser “halagos presupuestales, burocráticos o contractuales” que limitaban la libertad de opinión y de crítica de los parlamentarios.
Esto significa que, contrariamente a la visión de Rangel, para el constitucionalista Álvaro Uribe modelo 2001 lo que hizo su gobierno en 2004, al ofrecer a Yidis cargos burocráticos e inversiones en su región, para que ella apoyara la reelección, no era una transacción legítima sino una práctica inconstitucional. Y lo cierto es que la Corte le dio la razón al constitucionalista Uribe.
En efecto, su demanda condujo a la importante sentencia C-1168 de 2001. En ella, la Corte concluye que es inconstitucional, una verdadera desviación del uso del poder, que el Gobierno manipule las votaciones en el Congreso mediante la oferta de partidas presupuestales u otras prebendas. La única razón por la cual la Corte no anuló las partidas demandadas fue porque consideró que no había una prueba contundente de que con ellas el Gobierno hubiera querido distorsionar la voluntad del Congreso. Es decir, que no había en esa ocasión algo semejante a las confesiones de Yidis Medina.
En síntesis, si uno combina las declaraciones de Yidis Medina con la visión del constitucionalista Uribe Vélez de 2001, recogida por la sentencia C-1168 de 2001, una conclusión parece ineludible: la aprobación de la reforma de la reelección en 2004 fue inconstitucional.
Algunos podrían objetar que la anterior es una conclusión académica sin consecuencias prácticas, pues la Corte ya declaró la constitucionalidad de la reelección.
Pero no creo que esta reflexión esté desprovista de implicaciones prácticas: existen buenas razones para sostener que las confesiones de Yidis Medina pueden llevar a una reapertura del debate constitucional sobre la reelección. Y en todo caso, esta historia muestra que el desdén del Gobierno frente a los principios jurídicos tiene muy graves costos para nuestra precaria institucionalidad democrática.
*Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” (www.dejusticia.org).
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Por: Rodrigo Uprimny
LAS CONFESIONES DE LA EX CONGRESISTA Yidis Medina han puesto en seria duda la legitimidad de la reforma que estableció la reelección, pues hoy es claro que varios votos decisivos fueron obtenidos gracias a prebendas ofrecidas por el Gobierno.
Sin embargo, algunos columnistas cercanos al Gobierno, como Alfredo Rangel, consideran que se trata de un problema menor, porque en las democracias sería legítimo que el Ejecutivo use sus recursos de poder, como las inversiones o la asignación de cargos, para lograr apoyo a sus iniciativas en el Congreso.
La ironía del asunto es que esa visión de Rangel en 2008 ya fue refutada en 2001 en un juicioso estudio constitucional hecho por… Álvaro Uribe.
La historia es la siguiente: en 2001, el candidato presidencial Álvaro Uribe demandó ante la Corte Constitucional la ley de presupuesto, por considerar que ésta incluía ciertas partidas que eran auxilios parlamentarios disfrazados. Se trataba de dineros que, con el visto bueno del Gobierno, podían ser usados por los congresistas para el desarrollo de sus regiones. Y eso, argumentaba Uribe, era inconstitucional, entre otras cosas porque ese tipo de auxilios amenazaba la independencia del Congreso frente al Gobierno, por ser “halagos presupuestales, burocráticos o contractuales” que limitaban la libertad de opinión y de crítica de los parlamentarios.
Esto significa que, contrariamente a la visión de Rangel, para el constitucionalista Álvaro Uribe modelo 2001 lo que hizo su gobierno en 2004, al ofrecer a Yidis cargos burocráticos e inversiones en su región, para que ella apoyara la reelección, no era una transacción legítima sino una práctica inconstitucional. Y lo cierto es que la Corte le dio la razón al constitucionalista Uribe.
En efecto, su demanda condujo a la importante sentencia C-1168 de 2001. En ella, la Corte concluye que es inconstitucional, una verdadera desviación del uso del poder, que el Gobierno manipule las votaciones en el Congreso mediante la oferta de partidas presupuestales u otras prebendas. La única razón por la cual la Corte no anuló las partidas demandadas fue porque consideró que no había una prueba contundente de que con ellas el Gobierno hubiera querido distorsionar la voluntad del Congreso. Es decir, que no había en esa ocasión algo semejante a las confesiones de Yidis Medina.
En síntesis, si uno combina las declaraciones de Yidis Medina con la visión del constitucionalista Uribe Vélez de 2001, recogida por la sentencia C-1168 de 2001, una conclusión parece ineludible: la aprobación de la reforma de la reelección en 2004 fue inconstitucional.
Algunos podrían objetar que la anterior es una conclusión académica sin consecuencias prácticas, pues la Corte ya declaró la constitucionalidad de la reelección.
Pero no creo que esta reflexión esté desprovista de implicaciones prácticas: existen buenas razones para sostener que las confesiones de Yidis Medina pueden llevar a una reapertura del debate constitucional sobre la reelección. Y en todo caso, esta historia muestra que el desdén del Gobierno frente a los principios jurídicos tiene muy graves costos para nuestra precaria institucionalidad democrática.
*Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” (www.dejusticia.org).
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Del capataz al dueño
Por: Felipe Zuleta Lleras
ALGO DEBE ESTAR HACIENDO MUY bien el presidente Juan M. Santos, para que los uribistas anden tan crispados de los nervios.
Tal vez uno de los más representativos es el columnista Ernesto Yamhure que, esta semana, se vino lanza en ristre en contra de Santos, dizque porque toma whisky y no sé que más bobadas.
El hecho concreto es que el distanciamiento entre Santos y Uribe —desmentido por ellos el viernes— no se limita a un almuerzo con frijoles y chicarrón. Esa ruptura de relaciones, que están tan frías que queman, viene desde el mismo día en que Santos fue electo como presidente.
Su gobierno de unidad nacional le cayó a Uribe como una patada en donde sabemos, pues eso necesariamente implicaba que a los ministerios llegarían personas como Germán Vargas Lleras o Juan Camilo Restrepo a quienes este arriero tenía en su infinita lista de odios. Y claro está, en estos seis meses de gobierno los colombianos hemos podido ver la diferencia entre el capataz y el dueño de la finca.
Todo, absolutamente todo, lo que Uribe detesta es lo que Santos representa. Es bogotano, tiene clase, buenos modales, le ha devuelto a la figura presidencial el decoro y la mesura que pereció en las manos de su antecesor.
Jamás pensé, les confieso, que yo pudiera estar defendiendo al gobierno de Santos. Por eso sostuve en Hora 20 hace un par de meses que si él nos hubiera contado cómo iba a ser su gobierno, yo le habría dado mi voto. Liberal, demócrata, con proyectos como la devolución de tierras y la reparación de víctimas, respetuoso de las otras ramas del poder público. Lo irónico de esto, es que Yamhure sostiene lo mismo pero al revés: es decir que si los uribistas a ultranza hubieran sabido que Santos haría un gobierno liberal, jamás hubieran votado por él.
Y fíjense ustedes que en los tres últimos meses me ha ocurrido que quienes en el pasado éramos, y seguimos siendo, anti uribistas, ahora defendemos a Santos y, los otrora uribistas, lo atacan con rabia y rencor.
Las diferencias entre Santos y Uribe se notan, no solo en lo que he mencionado ya, sino en cosas como los miembros del gabinete. ¿Cómo comparar por ejemplo a la canciller María Ángela Holguín con el bobancio de Bermúdez o al pincher con Juan Camilo Restrepo, por no mencionar al incompetente Andrés Uriel Gallego con Germán Cardona?
Las molestias de Uribe, por supuesto, no se limitan al estilo de gobernar de Santos, sino a la preocupación de que, literalmente, se le vino la estantería encima. Es claro que ya no tiene como tapar todos los delitos que se cometieron durante su gobierno y que han puesto a varias personas tras las rejas; y llegarán otras por cuenta de la rectitud de la nueva fiscala general de la Nación.
Mejor dicho, a Uribe se le totearon los tres huevos y por eso anda, literalmente, trinando de la rabia y preocupación. ¡Y faltan delitos por saberse!
Entre otras ¿cómo seguirá el desafortunado caballo que patió a Uribe?
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