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Pobres candidatos
Este fin de semana se cerró la campaña presidencial y siento, como ciudadana de a pie, que los candidatos me han quedado debiendo su posición sobre los grandes temas de país en materias como la economía y el modelo de desarrollo, la seguridad y la paz, y la reforma y depuración de la política.
La ligereza en el debate se mide fácilmente en la resistencia de los candidatos a hacer un balance crítico de la administración Uribe, su obstinación en dar continuidad a algunas de sus políticas más controversiales, la plaga de rumores y anécdotas que imposibilitaron el diálogo y su incomprensión del peso y la importancia de la política exterior.
En cuanto al modelo de desarrollo, además de la oferta de crear empleo, que es casi un mantra universal presente en cada campaña política en todos los rincones del planeta, no sabemos mucho sobre su visión de hacia dónde debe orientarse el crecimiento y a qué tipo de modelo económico le apuestan. Aunque el crecimiento económico del país ha sido sustantivo en los últimos dos periodos de gobierno, incluso por encima del promedio regional, lo cierto es que eso no se ha traducido ni en una reducción significativa de la pobreza, ni en un cierre importante de la brecha entre ricos y pobres.
Por el contrario, la creación de programas de subsidios, como Familias en Acción o Familias Guardabosques, no han sacado a esas familias de los ciclos de pauperización ni de la fosa social en la que se encuentran y, por el contrario, se han convertido en un poderoso estímulo contra la formalización del empleo y en un golpe mortal para el régimen subsidiado de salud. Hoy, el 46 por ciento de los colombianos vive en la pobreza y el 17 por ciento, en la indigencia. Esta aumentó 2,1 por ciento respecto a la medición del 2005. Eso significa que tenemos 28,4 millones de colombianos pobres o extremadamente pobres y sin perspectiva de futuro. La indigencia aumentó escandalosamente durante los dos periodos de la administración Uribe.
Casi la totalidad de las 760.000 familias desplazadas por la violencia en la última década cayeron en la indigencia y los 5,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país de las que fueron despojados no solo no les han sido devueltas, sino que están siendo legalizadas por otras vías. Eso convierte a Colombia en el país con el índice de concentración de la propiedad más alto de la región. A esto se suma el gravísimo problema de corrupción que padecemos y que ha continuado en aumento. Hoy ocupamos el puesto 75 (caímos 5 puestos respecto al año anterior) en el Índice de Transparencia Internacional.
Las instituciones no están preparadas para afrontar este colapso social. Tampoco podemos esperar mucho de un Congreso atravesado por intereses espurios, en un alto porcentaje representativo de las maquinarias que motivaron el conflicto armado y que, por eso mismo, sufrirá una insidiosa crisis de legitimidad en la medida en que la justicia avance con las investigaciones. Apuesto a que más de uno no alcanzará a posesionarse.
Los pobres siguen atrapados en una serie de ciclos que se han llamado "trampas", entre las que están el trabajo infantil, el analfabetismo, la desnutrición, las adolescentes gestantes, el pobre uso de la tierra, la criminalidad y la violencia, el desplazamiento forzado, las trampas ambientales, fiscales y geográficas, etc.
Colombia está habitada por una fracción de "invisibles" que no existen para el Estado y que ni siquiera tienen registro civil. Más allá del discurso, nuestra realidad es cruda: en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas Colombia ocupa el puesto 77. Venezuela ocupa el puesto 58.
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Natalia Springer
