Normas para disentir - Columnas y Editoriales - Opinión - ELTIEMPO.COM: "La profundidad de cualquier sistema democrático está en proporción directa con la calidad de los espacios en los cuales se ejerce la oposición. Sin la existencia de reglas de juego claras y opciones institucionales para que quienes disienten del Gobierno puedan fiscalizarlo, los esfuerzos para organizar los partidos políticos en bancadas y modernizar su funcionamiento seguirán incompletos.
Estas no son reflexiones abstractas. Precisamente, las relaciones entre la nueva Casa de Nariño y los partidos que no hacen parte de la coalición oficialista han constituido uno de los temas que se empezaron a debatir en estas dos semanas de la administración Santos. Primero, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a los dirigentes del Polo Democrático, única colectividad que se ha distanciado abiertamente del Ejecutivo, y luego a la bancada del Partido Verde, otro ausente de las mayorías de la 'unidad nacional'. En ambos encuentros se ambientó la idea de impulsar nuevamente en el Congreso un Estatuto para la Oposición, que recogiera el diseño de mecanismos de control y vigilancia del Gobierno por parte de las minorías. El martes pasado, los senadores amarillos citaron al jefe de la cartera política a un debate sobre el mismo tema: las garantías para controvertir y expresar diferencias. 'Los funcionarios no volverán a referirse a la oposición como terroristas', afirmó Vargas, con lo que confirmó el cambio de tono y de actitud del Ejecutivo, en contraste con la estigmatización sufrida en la era Uribe.
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Sin minimizar la importancia de los gestos simbólicos del Ministro del Interior, es urgente avanzar cuanto antes en la normatividad para hacer realidad el derecho al disenso, que la Carta Política establece inequívocamente. Han sido varios los intentos que se han frustrado a lo largo de 19 años y no hay mejor momento que el actual para condensar y dotar de dientes un paquete de variadas iniciativas. Desde el uso de los medios de comunicación estatales hasta un expedito derecho de réplica, pasando por la participación en los organismos electorales y la protección física de los dirigentes -el Polo denunció el asesinato de ocho líderes en tres meses- son medidas necesarias para que las voces disidentes enriquezcan la democracia. Hoy más que nunca, las posturas minoritarias en el Legislativo demandan plataformas e instrumentos para impedir que las supermayorías de la coalición gobiernista las condenen a una peligrosa espiral de silencio y aislamiento.
La 'unidad nacional' que lidera hoy el presidente Santos está conformada por más del 85 por ciento de ambas cámaras legislativas. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para la semana entrante, es una muestra de los riesgos de contar con el apoyo parlamentario más amplio de la historia reciente. Por las reglas actuales, lo más factible es que ningún partido por fuera del bloque oficialista logre elegir al menos un magistrado. Es decir, ni en la máxima autoridad electoral ni en la Contraloría General de la República, cuya cabeza fue elegida la semana pasada en medio de protestas por el uso de papeletas de color para la votación, la oposición tendrá espacio. La paradoja está en que son precisamente las fuerzas opositoras, sin acceso a recursos públicos ni poder estatal, las que más requieren transparencia e imparcialidad en los comicios y acceso a la fiscalización gubernamental. La necesidad de una reforma electoral -que hace parte de las iniciativas parlamentarias de la administración Santos- es más que palpable.
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Otra poderosa razón para promover la discusión de esta ley estatutaria para los opositores se sale del ámbito institucional y entra lamentablemente al penal. El avance de las investigaciones que confirman la realización sistemática, por parte del DAS, de interceptaciones ilegales contra críticos del gobierno anterior ha generado una profunda desconfianza dentro de estos sectores políticos. El propósito de la Casa de Nariño de inyectar respeto y un espíritu de cordialidad a los canales de diálogo con los bloques no pertenecientes a la 'unidad nacional' encontraría en el Estatuto de la Oposición una inmejorable concreción. Para pasar la página del escándalo de las escuchas ilícitas a las definiciones judiciales hay que sumar generosos gestos, como la invitación a un diálogo sobre este tema sin imponer la autoridad de las mayorías.
Todo indica que el Gobierno y el Polo presentarán sus respectivos proyectos de ley para reglamentar el derecho al disenso. Bienvenido el debate de los instrumentos ya mencionados y de otras medidas, como las reglas de la oposición a nivel regional. La voz de los verdes, segundos en la campaña presidencial, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional. A fin de cuentas, la manifestación de las diferencias y la fiscalización deben servir para cualquier organización y no son monopolio de una porción específica del espectro ideológico.
Las supermayorías del presidente Santos tienen en sus manos la posibilidad de dejarle a la democracia colombiana un trascendental legado y un ejemplo de visión de futuro: aprobar de consuno con las minorías un paquete de vigorosos medios de expresión, garantías de control y espacios de fiscalización para el bloque opositor más reducido de la historia reciente.
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