Blog Minorías Étnicas y Políticas de Colombia
Diario El País.com - Madrid - España
Por: Miguel Antonio Galvis*
Estoy convencido que la campaña del Doctor Santos, jugó con una Constitución Política y un Código Electoral distintos a los empleados por las otras campañas, lo que además de ser indebido y censurable, creo que raya en comportamientos por fuera de la ley. Enseguida explicaré, mi afirmación.
En Colombia está prohibida la doble militancia política. Eso quiere decir, que si un ciudadano es concejal de cualquiera de los más de 1.100 municipios del país y fuere elegido por el Partido Conservador, él está obligado ética y legalmente a apoyar y votar por los candidatos del Partido Conservador a la Presidencia de la República, al Congreso, a la Asamblea Departamental, a la Gobernación o a la Alcaldía. Si no lo hace, si apoya y vota por el candidato de otro partido, está cometiendo un delito y el partido al que él pertenece le debe aplicar las sanciones establecidas en la ley, los estatutos y el código de ética. La sanción puede contemplar hasta la expulsión, con la consecuente pérdida de la curul del elegido, la cual es del partido. Esta prohibición aplica igualmente para los diputados, los congresistas y miembros de los directorios quienes están obligados a votar por los candidatos que democráticamente defina su partido.
La penalización de la doble militancia tiene plena validez y es de gran importancia para el correcto funcionamiento de los partidos y las instituciones democráticas en cualquier parte del mundo. Los partidos tienen que garantizar la lealtad y fidelidad de sus militantes, dirigentes y elegidos en las corporaciones públicas, y castigar ejemplarmente a los traidores.
Soy testigo de excepción, cómo en el mejor momento del furor de la Ola Verde, esa campaña tuvo grandes dificultades para hacerle entender a muchos concejales, diputados y congresistas de los partidos liberal, conservador, cambio radical, del polo y hasta del Partido de la U, que no se podía aceptar sus adhesiones, porque ellos podrían perder sus curules y esa adhesión constituía un acto ilegal. Se corrió entonces la voz (al mejor estilo de JJ Rendon) que la campaña de Mockus no quería tratar con los políticos y dijeron entonces que allí los tachaban de corruptos y politiqueros. La verdad es que legalmente los únicos concejales, diputados y congresistas que podían adherir a la campaña dentro de la legalidad eran los avalados por el Partido Verde y la Alianza Social Indígena, ASI.
Más difícil aún, explicarle a los diferentes emisarios de alcaldes y gobernadores que querían también vincularse a la OLA VERDE, que la participación en política de los funcionarios públicos ordenadores del gasto está prohibida y es un grave delito, que se castiga con destitución del cargo, para la muestra lo recientemente ocurrido al gobernador del Valle.
Desde la Ola Verde se les dijo a los elegidos y dirigentes del partido conservador que deberían votar por la Dra. Nohemí; a los del partido liberal que debían votar por el Dr. Pardo y a los del Polo que debían votar por el Dr. Petro. Eso es lo que establece el régimen electoral para la primera vuelta. Ese comportamiento es el legal, sin embargo la campaña del Dr. Santos los sedujo y los recibió por la puerta de atrás, la muestra es que le quitaron 1.200.000 votos a los liberales y 1.300.000 a los conservadores. Si no se hubiera utilizado la táctica transfuguista e ilegal por esa campaña los resultados de la primera vuelta, habrían sido: Santos 31%, Mockus 21%, Nohemí 14%, Pardo 13%, Lleras 11%, Petro 9%.
Como este escenario no le daba garantías de triunfo en la segunda vuelta, decidieron transitar por el camino de la ilegalidad para garantizar su éxito en la primera vuelta. Me imagino que otra vez alguien planteo: “Eso siempre se ha hecho y si hay problema luego miramos como lo arreglamos”.
La prohibición de la participación en las actividades electorales no sólo cobija a los alcaldes y gobernadores, también cobija al señor Presidente de la República, quien participó activamente en el debate electoral indicándole al electorado quién le cuidaría sus huevitos, y quiénes eran los gavilanes verdes que se los querían devorar. Eso es trasgredir la norma, actuar en el terreno de la prohibición constitucional al primer mandatario, es un acto por fuera de la ley.
Cómo calificar el acto de imitar la voz del señor Presidente de la República en las propagandas de radio y televisión de la campaña del Dr. Santos, indicando que él (el Presidente) lo respaldaba y creía en Juan Manuel. Eso también es ilegal.
En un país donde la ilegalidad y la impunidad siguen avanzando, los seguidores de la campaña MOCKUS + FAJARDO + ASI tenemos que reconocer con pesar que en la primera vuelta perdió el proyecto de la LEGALIDAD DEMOCRÁTICA.
Ahora, la pregunta es, sí el Consejo Nacional Electoral avala ese resultado y las prácticas empleadas por la Campaña del Dr. Santos; sí la Comisión de Acusaciones de la Cámara ya está tramitando pliego de cargos contra el Presidente de la República, sí los Comités de Ética municipales, departamentales y nacionales de los partidos liberal y conservador, están investigando a los concejales, diputados, congresistas e integrantes de los directorios tránsfugas; sí el Fiscal General de la Nación está investigando un posible concierto para infringir la ley electoral… sí esto no está pasando, es porque en Colombia también se perdió la CULTURA DE LA LEGALIDAD.
* Director Ejecutivo, Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP. Miguelgalvis99@yahoo.com
