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Seguridad, legalidad y democracia
Por: Rodrigo Uprimny
“SI LAS PERSONAS FUERAN ÁNGELES, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno.
Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad es ésta: se debe primero dotar al gobierno de poderes suficientes para controlar a los gobernados; pero inmediatamente se debe obligar al gobierno a controlarse a sí mismo”.
Estas palabras, escritas en 1787 en El Federalista por uno de los padres de la Constitución estadounidense, James Madison, resultan de actualidad para Colombia, pues los colombianos no somos ángeles, como lo muestra la intensidad de nuestra violencia y nuestra delincuencia. Pero tampoco estamos gobernados por ángeles, como lo muestran los abusos gubernamentales de los últimos años.
La tesis de Madison es tan elemental como profunda: el temor a la violencia generalizada nos lleva a aceptar que el gobierno tenga el monopolio de la coacción y esté dotado de facultades considerables, con el fin de que las autoridades controlen los poderes privados y nos brinden seguridad. Y eso está bien, pues evita la guerra hobbesiana de todos contra todos. Pero no debemos olvidar nunca que los gobiernos, precisamente por los poderes que les otorgamos, se vuelven a su vez una enorme amenaza a nuestros derechos y a nuestra seguridad. Por ello es necesario que sean controlados. El principio de legalidad, la separación de poderes y la independencia judicial se tornan entonces centrales: la ley establece las reglas del ejercicio del poder gubernamental; los jueces aseguran que dichas reglas sean respetadas, para que nuestros derechos no sean vulnerados.
La intensidad de nuestra violencia y las atrocidades de las guerrillas han llevado a una gran mayoría de colombianos a adherir fuertemente en los últimos años a la primera recomendación de Madison; han estado dispuestos a otorgar enormes poderes y confianza al gobierno para que éste nos proteja frente a los poderes privados y la criminalidad.
Los buenos resultados del gobierno Uribe en seguridad y la persistencia del temor ciudadano frente a las guerrillas o a Chávez explican entonces, en gran parte, la popularidad del Presidente y la victoria en primera vuelta del candidato del continuismo. Pero pareciera que esos mismos colombianos no comprenden —o tal vez minimizan— la importancia de la segunda recomendación de Madison: la necesidad de controles legales efectivos.
Ahora bien, la ilegalidad durante estos últimos gobiernos ha llegado a niveles intolerables. No estamos hablando de abusos menores, sino de formas extendidas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos como, por sólo citar algunas, la “chuzada” y persecución masivas a magistrados y personas de la oposición, el escándalo de Agro Ingreso Seguro o los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos a sangre fría cometidos por miembros del Ejército.
No podemos cerrar los ojos frente a ilegalidades tan graves, con el argumento de que lo primero es la seguridad, pues paradójicamente incrementamos nuestra inseguridad. La seguridad sin legalidad no es nunca seguridad para todas y todos, sino para unos pocos, pues la población queda a merced de la arbitrariedad de las autoridades. Un gobierno sin límites y que no respete la legalidad es tan terrible para nuestra seguridad y nuestros derechos como unos poderes privados armados o delincuenciales sin control.
Si uno realmente está preocupado por la seguridad, tiene entonces que preocuparse también por la legalidad. Por ello, como sabemos que Colombia no será nunca gobernada por ángeles ni por santos (de los de verdad), debemos entonces defender con fuerza el imperio de la ley. Aún estamos a tiempo de hacerlo.
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Rodrigo Uprimny
