El Palacio sigue ardiendo. Por: Alfredo Molano Bravo

Ejemplo Nº 9.
Fuente: El Espectador.com
Fecha: 19 de Diciembre de 2.009.
Título: El Palacio sigue ardiendo.
Columnista: Alfredo Molano Bravo.

ES UNA DE LAS CONCLUSIONES MÁS trascendentales de la muy seria, documentada e imparcial investigación realizada por la Comisión de la Verdad que acaba de entregar su informe final.

Los hallazgos de la Comisión, compuesta por tres reconocidos y respetables juristas, ex magistrados de la Honorable Corte Suprema, no son novedosos del todo. La opinión pública ilustrada nunca se comió la versión oficial y si algunos se la comieron, nunca la digirieron. Era un sapo demasiado grande y viscoso. Que el M-19 —o algunos miembros de la Dirección Nacional— tuvo relación con algunos capos del narcotráfico era un cuento conocido. ¿Qué institución social puede lanzar la primera piedra en este asunto? ¿Acaso el M-19 no podía tener también manzanas podridas, como lo sugiere la Comisión? Que la desprotección del Palacio condujo a una ratonera fue un hecho cierto, ratificado por la mentira redonda que la Policía Nacional dio sobre el retiro de la seguridad supuestamente solicitado por el doctor Reyes Echandía. Que los empleados de la cafetería fueron torturados y asesinados era una verdad gritada que le costó la vida a Eduardo Umaña Mendoza y amenazó la de Jorge Molano. Que el presidente Betancur estaba en la misma situación que el Presidente de la Corte Suprema, con una ametralladora sobre la cabeza, lo pone de presente el hecho de que el palacio presidencial había sido tomado por la alta oficialidad hacia las 3 de la tarde del día 6, como paso previo para la toma del otro palacio. Pocas dudas había de que la “defensa de la democracia” era un operativo retaliatorio no sólo contra el M-19 por el robo de las 5.000 armas, sino contra el presidente Betancur, que había ordenado el retiro de la tropa en Yarumales, lugar donde se iban a reunir gobierno y guerrilla para perfeccionar los acuerdos de paz y, claro está, contra la Suprema, que adelantaba investigaciones contra altos oficiales del Ejército Nacional.

La Comisión de la Verdad habla de “rehenes especiales” por el trato degradante que recibieron y que luego de torturarlos fueron desaparecidos. “En efecto —anota la Comisión—, la consideración de la juventud, su condición social, su raza o lugar de origen… el oficio que desempeñaban fueron elementos de discriminación, estigmatización, violatorios del “principio imperativo de jus cogens”. Es el peligro de andar de tenis. Es el mismo criterio social que ha imperado en el escándalo de los “falsos positivos”. La gente del pueblo no tiene dolientes que puedan acreditar un proceso judicial y menos uno que ponga en el banquillo a los militares. Y es paradójico que sea la Fuerza Pública la que utilice ese criterio, siendo como son sus miembros gente del pueblo. El mismo general Vega Uribe, que conocí de alférez, pertenecía a la pobre clase media, morena, arribista y arrinconada por las deudas. Las fuerzas institucionales podrían alegar en su favor que no hicieron distinciones especiales y que iban a lo que iban, a “salvar la democracia” o, como diría la gente del pueblo, a acabar hasta con el nido de la perra. Para ocultar ese desenlace se amordazó a los medios de comunicación, se borraron las huellas de los crímenes y se elaboró cuidadosamente una versión oficial, que es la historia que al país se le enseña. El informe Que Cese el Fuego es una bomba de tiempo puesta en los cimientos del andamiaje de mentiras oficiales que quizás impida que otra manito a favor de la democracia tenga lugar en el futuro.

Es “el derecho a la no repetición”, como dijo el valeroso presidente de la Corte Suprema, magistrado Ibáñez. Porque lo que es en el presente, como señaló uno de los comisionados, el doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, el Palacio de Justicia sigue ardiendo y la Corte Suprema continúa asediada.